Los menores migrantes acogidos en Canarias se pueden disparar hasta los 15.000 este año

Las previsiones del Estado apuntan a que durante 2024, la cifra de migrantes que lleguen a Canarias puede duplicar la contabilizada el año pasado y alcanzar las 70.000 personas. De esta cifra, y atendiendo a registros anteriores, el 15% serían menores, con lo que -sumando nuevas llegadas y los que ya están en las islas- la comunidad autónoma se encontraría con 15.000 niños en sus centros.

«Conscientes de este problemón», señaló esta mañana el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, el Estado ha mostrado «buena predisposición» a negociar una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que todas las comunidades tengan la obligación de acoger a estos chicos y no sean responsabilidad solo de los territorios frontera.

En este sentido, indicó Clavijo que este mismo lunes ultimó con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el texto de cambio y a finales de esta semana o principios de la próxima se reunirán los servicios jurídicos de las dos administraciones para cerrar el acuerdo.

A partir de entonces, se iniciará la negociación política para contar con los apoyos necesarios en el Congreso. Desde Canarias, tanto el Gobierno como el Parlamento se han ofrecido a explicar a los distintos grupos parlamentarios la situación para obtener su respaldo.

El presidente canario puntualizó en cualquier caso que el texto resultante «no es el que nos gustaría».

Entre los flecos pendientes que se han podido cerrar entre Clavijo y Torres figura que los menores que superen el cupo determinado para cada comunidad sea derivado a otros territorios en un plazo máximo de 15 días. Según los criterios establecidos en una conferencia sectorial de 2022, se trasladará a los chicos que excedan el 150% de la capacidad fijada para cada autonomía. De esta manera, Canarias verá limitada la tutela a 3.000 chicos.

En cambio, sigue pendiente el procedimiento para proceder a este cambio legislativo, ya que mientras el Gobierno autonómico defiende que se haga por un decreto ley, porque es una vía más rápida, el Estado mantiene la conveniencia de presentar una proposición de ley.

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