Canarias y Madrid cerrarán la próxima semana los cambios a la ley de Extranjería

Los gobiernos de Canarias y España cerrarán con toda probabilidad la próxima semana los 'flecos' pendientes del texto consensuado para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Esta modificación, permitirá que los niños que llegan a territorios con emergencia migratoria -Ceuta y Melilla, además de las islas- sean distribuidos por todo el Estado de manera obligatoria y no sean solo responsabilidad de la comunidad a la que llegan.

Desde el acuerdo alcanzado el pasado día 22 entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y que dejó algunos asuntos abiertos, ambos dirigentes se han estado intercambiando documentación y está «avanzado» tener una propuesta.

Una vez cerrado un texto, se producirá otra reunión formal, en Madrid en este caso, que podría celebrarse a finales de la próxima semana o principios de la siguiente.

Una de las principales discrepancias entre los dos gobiernos es la fórmula para cambiar la ley. La comunidad ha expresado su preferencia por que se apruebe un decreto ley por el Consejo de Ministros, que tendría que ser convalidado en el plazo de un mes por el Congreso, mientras Madrid apuesta por una proposición de ley urgente, de lectura única y sin vetos por parte del Senado.

El Partido Popular (PP) ha manifestado la conveniencia de negociar previamente con las comunidades autónomas, aunque desde Canarias este acercamiento previo se ve «muy difícil» por la tensión entre Gobierno y oposición en el Congreso.

La postura del archipiélago en este sentido pasa por que el Estado envíe un documento al Congreso de los Diputados y que cada formación política «se retrate» a la hora de votar.

Otra de las diferencias entre los dos gobiernos tiene que ver con el procedimiento de distribución de menores cuando lleguen a los territorios que ya superen la capacidad de acogida que se ha establecido.

Canarias pretende que todos los chicos que excedan su cupo sean asignados automáticamente a otras comunidades por parte del Estado y que sean derivados «en un plazo máximo de quince días» a otra comunidad, que se encargaría de hacerles las pruebas óseas que determinan su edad. El Estado ve «razonable» esta petición.

Canarias acogerá un máximo de 3.000 menores migrantes no acompañados. Tal como apuntaron en la reunión celebrada el día 22 de abril el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro Ángel Víctor Torres, para la distribución de los chicos se utilizarán los criterios aprobados en la conferencia sectorial de 2022.

De esta manera, se trasladará a los jóvenes de la comunidad de llegada cuando se exceda el 150% de capacidad fijada para ese territorio. De esta manera, Canarias verá limitada la tutela a 3.000 jóvenes y se derivarían los 2.500 que en estos momentos superan esa cifra.

Según expusieron tras la citada reunión los dos dirigentes políticos, el plazo máximo para las derivaciones sería de un año. Si las comunidades autónomas rechazaran este traslado, se impone la prevalencia del Estado, indicaron tanto Fernando Clavijo como Ángel Víctor Torres.

La modificación de la Ley de Extranjería podría estar culminada en el mes de septiembre.

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