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Las maniobras que Marruecos realizará a 125 kilómetros de las costas del archipiélago «preocupan» al Gobierno de Canarias. Así se lo hizo saber el presidente, Fernando Clavijo, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una conversación telefónica mantenida el pasado domingo, una vez se conocieron estas prácticas militares que se inician a partir del viernes.
El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, expresó la preocupación del Gabinete por estas maniobras «organizadas por Marruecos de manera unilateral en aguas muy cercanas a Canarias».
Además, Clavijo insistió en el contenido de la carta enviada a Pedro Sánchez en febrero reclamando conocer los detalles de la visita que había realizado a Rabat y en la que indicaba que, como región fronteriza, Canarias no puede quedar al margen de los asuntos que se suscriban entre los dos países.
Sobre esta petición «aún no hay novedades», pero Canarias confía en que se «actualice» la información «a la mayor brevedad».
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Según avanzó El Confidencial, estos ejercicios no han sido comunicados oficialmente, pero sí se trasladó al sector pesquero la zona de exclusión de las labores de faena.
Las maniobras navales que llegan en un momento de tensión entre Marruecos y la Unión Europea después de que la Abogada General de la UE se haya posicionado a favor de anular el acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat porque supone la concesión de licencias pesqueras en aguas del Sáhara, que en la práctica supone reconocer el control marroquí del litoral saharaui.
También el Partido Popular se ha manifestado sobre este asunto y el secretario general en Canarias, Jacob Qadri, ha «exigido» al Estado que aporte «con urgencia» toda la información disponible.
Qadri ha denunciado «el hermetismo» que el Ejecutivo de Sánchez mantiene «de manera habitual» con todos los asuntos que afectan a las Islas y critica «la opacidad» con la que se lleva a cabo cualquier cuestión relativa a Marruecos.
«Nos preocupa que el Gobierno de España permanezca en riguroso silencio ante asuntos tan relevantes como el control de fronteras, la delimitación de las aguas territoriales, el conflicto del Sáhara y, ahora, estas maniobras militares».
Para el portavoz del PP, Sánchez «debe explicar cuanto antes» cuáles son los detalles en referencia a estas actividades militares, si tenía conocimiento de la ejecución de las mismas, qué grado de comunicación ha existido entre ambos gobiernos y las razones que justifican «el mutismo» de Madrid.
La noticia ha trascendido a través de una circular enviada por el reino alauita la armadores y pescadores anunciando la zona de exclusión de las labores de faena para la ejecución de las maniobras militares.
Por otro lado, el Gobierno puso fecha a dos citas importantes. Por un lado, la ya anunciada comisión bilateral Estado-Canarias para abordar las diferencias en el traspaso de Costas se celebrará el 15 de abril en las islas, aunque aún no se ha definido dónde.
Esta convocatoria no posterga la decisión de Canarias de acudir al Constitucional al entender que el Estado invade competencias autonómicas. Esta vía, dijo Cabello, «sigue su curso».
También tiene fecha la primera reunión de la Conferencia de Presidentes de cabildos, que ha quedado fijada para el 30 de abril con el «objetivo claro» de trabajar en el reto demográfico con un «análisis sosegado» porque cada isla, dijo el portavoz, tiene un reto diferente.
Apuntó que en los últimos 20 años, la población del archipiélago ha crecido casi un 27%, pero el 90% se ha concentrado en 44 municipios. El análisis, dijo, tendrá que hacerse desde la perspectiva de la regulación y la ordenación para poder tomar decisiones y no descartará ningún debate que se ponga sobre la mesa, como la prohibición de vender propiedades a extranjeros.
En paralelo, el Gobierno convocará a la Fecam y a los 46 municipios de menos de 10.000 habitantes para establecer un plan de trabajo conjunto que impulse un crecimiento poblacional en los mismos.
El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, apuntó que la obra del anillo insular de Tenerife «de momento continuará», a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Este fallo anula la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos y de la Consejería de Obras Públicas de adjudicar en segunda instancia a la UTE conformada por FCC, El Silbo Construcciones y Obras y Syocsa-Inarsa estos trabajos.
Se excluía así a la primera adjudicataria (Obrascon, Excavaciones Bahíllo y Asfaltos Bahíllo). Cabello puntualizó que los servicios jurídicos están analizando el alcance de este fallo judicial que puede tener, dijo, gran trascendencia para la comunidad autónoma. La obra ya está ejecutada en un 80%.
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