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La Marina de Marruecos realiza maniobras militares a unos 125 kilómetros de las costas de Canarias. Según avanzó este domingo el periódico digital 'El Cofidencial', estas maniobras no han sido comunicadas oficialmente, pero sí se ha trasladado al sector pesquero la zona de exclusión de las labores de faena.
Se trata de ejercicios navales que llegan en un momento de creciente tensión entre Marruecos y la Unión Europea, tras conocerse que la Abogada General de la UE se ha posicionado a favor de anular el acuerdo pesquero en la Unión Europea y Marruecos, con el contencioso del Sáhara Occidental como telón de fondo.
Para Bruselas, Marruecos es un socio preferente, pero el acuerdo pesquero tiene un escollo: supone la concesión de licencias pesqueras en aguas del Sáhara Occidental, con la soberanía de ese territorio aún por definir. Así, en la práctica el acuerdo entre Bruselas y Rabat supone reconocer el control marroquí del litoral de la excolonia española.
Al respecto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, manifestó hace una semana que las conclusiones de la Abogada General de la Unión Europea no son definitivas y defendió la legalidad del protocolo.
Planas reaccionó así, tras reunirse con el sector pesquero, a preguntas sobre el dictamen de la Abogada General de la UE que recomendó al Tribunal de Justicia comunitario confirmar otra sentencia anterior y anular el pacto de pesca por contravenir los intereses de las poblaciones del Sáhara Occidental.
El ministro recordó que la figura del Abogado General de la UE funciona de diferente forma que en la jurisdicción española y que sus conclusiones «ilustran jurídicamente» a la corte para que adopte sus sentencias.
Por tanto, «de lo anunciado no se concluye ninguna decisión definitiva», insistió.
Las conclusiones del letrado de la UE no son vinculantes pero en muchos casos el Tribunal de Justicia de la UE suele seguirlas.
Planas recordó que unas veces los jueces siguen el criterio del Abogado General y otras no.
Por ejemplo, en la sentencia sobre pesquerías mixtas en agua de Irlanda del Tribunal comunitario, de enero y con la que España está de acuerdo, el informe del Abogado General decía «lo contrario» del dictamen final, según Planas.
El ministro, por ello, rechazó posicionarse sobre las conclusiones de la Abogada General de la UE, pero defendió la legalidad del protocolo pesquero con Marruecos, suspendido desde julio, y cuya continuidad y negociación dependerá de la sentencia definitiva del Tribunal.
«Pensamos que el acuerdo concluido en 2019 era legal y de acuerdo al Derecho comunitario e internacional... Estamos en contacto estrecho con la Comisión Europea para responder a cualquier escenario que pueda surgir de la sentencia y de los dictámenes de los próximos meses», subrayó.
Por otra parte, la misma jurista, la croata Tamara Capeta, pidió que los melones y tomates procedentes del territorio del Sáhara Occidental incluyan en su etiquetado una mención del «país de origen» que refleje su procedencia de ese territorio y no de Marruecos.
Esa opinión se refiere al acuerdo que la UE y Marruecos firmaron en 2019 para ampliar el trato arancelario preferencial permitido por el acuerdo de asociación entre las partes también a los productos originarios del territorio del Sáhara Occidental.
El mismo año en que se firmó el pacto, en 2019, el Frente Polisario pidió su anulación, asegurando que el Consejo no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
En una sentencia de 2021, el Tribunal General anuló la decisión del Consejo por la que se aprobó el acuerdo.
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