El acuerdo de menores entra en una semana «decisiva» para su aprobación

Semana «decisiva» para uno de los planes con los que descongestionar la red de acogida del archipiélago. El Gobierno de Canarias espera tener en estos días todas las respuestas para su nueva medida: derivar a 4.000 menores migrantes de los que tutela para poder aliviar su red de acogida.

Tres son las incógnitas que quedan por resolver después de semanas de reuniones que se han llevado con discreción entre el archipiélago y el Estado.

En primer lugar está el mecanismo legal a través del que se materializará. Mientas que el Gobierno canario pide que se haga mediante un decreto ley, debido a su rapidez en la aprobación, el Estado prefiere la proposición de ley. Esta cuestión está ahora en manos de la Abogacía del Estado, que está preparando un informe sobre ello. Una vez esté esta tarea completada, el Gobierno de Canarias, avalado por el Pacto Canario por la Migración (al que se han suscrito todos los grupos con representación en la Cámara regional salvo Vox) se reunirá con las formaciones del Congreso de los Diputados en busca de apoyos.

Por otro lado está la financiación. Según remarcaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, «está garantizada». Así se lo ha trasladado al Ejecutivo canario el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Precisamente, el miércoles de la próxima semana está convocada una reunión con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que «se repasarán varios temas».

A estos cabos sueltos se suma la determinación de los criterios que se seguirán para derivar a estos chicos. El presidente autonómico indicó que durante esta semana tendrán una reunión con representantes del Ministerio de Infancia para hacer las simulaciones de la distribución. Sobre la mesa está el criterio de población, un coeficiente contemplado por un informe encargado por el Gobierno de Canarias a Gemma Pinyol o los criterios acordados en la conferencia sectorial de 2022. Cabe recordar que el texto busca derivar a 4.000 menores acogidos por Canarias y 400 que están en Ceuta.

Está medida tendrá que ser convalidada en el Congreso de los Diputados, y la historia recuerda a lo que sucedió en el verano de 2024, cuando los votos en contra del Partido Popular, Junts y Vox tumbaron la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería en la Cámara Baja. Con ella se buscaba que la distribución entre las regiones fuera obligatoria cuando un territorio superara su capacidad de acogida.

Algunos de los diputados pudieron conocer de primera mano la situación de estos chicos en una visita a El Hierro. Algunos de los vecinos de La Restinga, muelle al que llegan, mostraron su descontento en la visita de la Comisión de Juventud e Infancia. Por ello, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha pedido la comparecencia parlamentaria del director general de Gestión Migratoria, Francisco Celso González, para que informe de las líneas de trabajo que sigue.

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