Inmigración: un reto de país que exige unidad y diálogo

La Unión Europea precisa de la llegada de migrantes para mantener su sistema económico y asegurar las pensiones de sus jubilados y jubiladas, así como garantizar la adecuada atención a una población cada vez más envejecida. Un informe del Banco de España asegura que en el Estado español se necesitarán casi 25 millones de extranjeros en edad de trabajar en 2053 para «evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español».

La inmigración crea riqueza en los países receptores y contribuye al progreso de los países de origen. Es imprescindible si se pretende mantener los actuales parámetros de calidad de vida. Pero su gestión, como destaca en la revista Galde el profesor de la Universidad del País Vasco Zakariae Cheddadi, requiere de un buen diagnóstico que posibilite «una intervención política efectiva, capaz de promover la gestión de flujos migratorios, la integración social y la convivencia intercultural en la sociedad».

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) defendemos una inmigración reglada y segura que posibilite oportunidades de alcanzar una vida digna a millones de personas y, al tiempo, cubra la falta de mano de obra de distintos sectores económicos en los estados europeos. Evitando las mafias que trafican con personas, el sufrimiento, las deportaciones y las muertes de miles de personas cada año en el Atlántico o en el Mediterráneo. Construyendo un mundo mejor, más equilibrado, más humano y justo.

En Europa las extremas derechas fomentan el rechazo a la inmigración. Una ultraderecha que creció en los comicios europeos de junio, aunque menos de lo que pronosticaban algunos sondeos; y que contagia a la derecha tradicional -y a una parte de la socialdemocracia- que termina endureciendo su discurso migratorio por miedo a perder votos. Es el caso de las medidas restrictivas tomadas por Alemania. La principal potencia económica de la UE -en la que en recientes convocatorias electorales creció la presencia institucional de la ultraderecha en varios Lander del este, regiones con una escasa presencia de inmigrantes, pero con graves problemas sociales y económicos- acaba de decidir ampliar sus controles en las fronteras internas. Una actuación que rompe con el espíritu del tratado de Schengen, que establece el libre tránsito de personas, aunque permite restricciones transitorias y en casos extremos.

No debemos olvidar que en septiembre de 2025 hay elecciones federales y los partidos que sustentan al actual Gobierno alemán -socialdemócratas, liberales y verdes- aparecen mal situados en los sondeos, donde la extrema derecha se sitúa como segunda fuerza tras los democristianos de la CDU. Aunque no parece que copiar las propuestas ultras mejore sus perspectivas electorales.

Respecto al auge electoral de las derechas extremas, Peio M. Aierbe. miembro de Mugak, Centro de Estudio y Documentación sobre racismo y xenofobia, señala que «muchos análisis insisten en la existencia de sectores amplios de la sociedad que se sienten abandonados por las instituciones actuales y cuyo malestar es aprovechado por esas fuerzas». Planteando la necesidad de un profundo cambio «dirigido a combatir las desigualdades, y atender las carencias de los sectores más vulnerables de la población autóctona en empleo, vivienda, sanidad y educación», para combatir con éxito el avance del discurso xenófobo.

Alemania no es el único caso de aumento de políticas restrictivas. Países Bajos acaba de anunciar su intención de no formar parte del sistema comunitario de migración y asilo. Y Hungría también va a solicitar su exención de las normas migratorias. El Pacto de Migración y Asilo -acordado a final de 2023 y en vigor desde mayo de 2024- fue apoyado por la práctica totalidad de los estados de la Unión, salvo Hungría y el anterior ejecutivo polaco. Un Pacto que criticamos por sus claras insuficiencias y por tratar a los migrantes como mercancía.

En Estados Unidos, Trump explota al máximo el rechazo a la inmigración en la campaña para las Presidenciales de noviembre, llegando a afirmar que pretende deportar a millones de personas que viven ilegalmente en el país. Y alimentando todo tipo de bulos para incrementar el odio hacia los migrantes.

En el último barómetro del CIS, publicado esta semana, la inmigración aparece como principal problema del Estado español para el 30,4%, por delante de los asuntos políticos (20,6%), el paro (20,1%) la crisis económica (19,8%), las desigualdades, incluidas la de género, y la pobreza (16,1%) y la vivienda (15,4%). Sin embargo, y esto debe servir para la reflexión, cuando se pregunta a la gente qué problemas le afectan más personalmente, la cosa cambia bastante. Ponen en primer plano a la situación económica (30,2%), seguido de la sanidad (17,1%), la calidad del empleo (16,5%) y la vivienda (15,3%), ocupando la inmigración la quinta plaza con un 13,7%. Es evidente que la polémica política, los bulos y la desinformación prenden.

En Canarias existía hasta ahora un elevado consenso respecto al fenómeno migratorio, tanto en el Pacto Canario por la Inmigración como en el Parlamento y el resto de las instituciones y organizaciones sociales. Reclamando la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para garantizar la distribución obligatoria de los menores no acompañados que llegan a las islas, con el objetivo de que estos puedan ser atendidos con la máxima dignidad. El bloqueo del PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados a final de julio frustró esa posibilidad. Y desde entonces CC se dedica a blanquear la responsabilidad de su socio de Gobierno, el PP, dirigiendo toda su artillería contra el PSOE y jugando irresponsablemente con los menores como arma arrojadiza de la lucha política, muy al estilo de lo que hace la extrema derecha en todo el mundo.

El acuerdo suscrito por Clavijo y Feijóo sobre las políticas migratorias del PP y el establecimiento de un protocolo unilateral de atención a los menores inmigrantes no acompañados sin contar con los firmantes del Pacto Canario ni con la administración del Estado rompen el consenso hasta ahora existente; y confirma la cada vez más estrecha convergencia política entre CC y el PP cada día más conservador, con el Feijóo que coincide en la política migratoria más reaccionaria con el Ejecutivo griego y con la ultra Meloni.

El protocolo establecido por el Gobierno de Canarias de las dos derechas fue recurrido por la Fiscalía, siendo suspendido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La fiscalía había advertido que los menores «quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo». Asegurando que el mismo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral recogido en el artículo 15 de la Constitución.

Se trata de una auténtica chapuza que debe tener responsabilidades políticas dentro del Ejecutivo canario. Un protocolo de la vergüenza que pone a los niños/as como escudo en la batalla política y que desvirtúa la imagen de Canarias.

En Nueva Canarias-Bloque Canarista somos muy exigentes con el Gobierno del Estado, demandando, entre otras cosas, la cesión de instalaciones para acoger adecuadamente a los menores o más ayudas económicas para su atención. Pero consideramos que resulta tan grave como injusto responsabilizar en exclusiva al Ejecutivo estatal cuando fue el PP quien, con su voto negativo, impidió la tramitación del proyecto de ley que nació de una propuesta del Gobierno de Canarias avalada por la sociedad de las Islas.

Consideramos, además, que resulta obsceno su uso partidista y manifestamos nuestra preocupación por la deriva cada vez más derechista del Gobierno canario. Y creemos, asimismo, que la Unión Europea debe hacer el máximo esfuerzo para que la inmigración se aborde desde el respeto a los derechos humanos y haciendo compatibles los intereses de las poblaciones locales con los de las personas procedentes de distintos lugares del mundo que se establezcan en los distintos estados en busca de una vida digna. Y en el caso de Canarias y el Estado español hacemos un llamamiento a la unidad, el consenso, la responsabilidad y el respeto a los derechos humanos frente a la utilización de los más vulnerables para arañar votos.