Corrupción política

Aunque todos los escándalos evolucionan muy deprisa y la memoria es frágil, todavía no nos habíamos olvidado de una sucesión – habría que añadir que ininterrumpida – de actuaciones de alta magnitud delictiva, con protagonistas condenados y encarcelados, en Baleares, Valencia o Andalucía, por citar algunos ejemplos variados en sus circunstancias, pero igualmente deleznables además de punibles. Pasaron meses y años y, sin embargo, esta degradación de la convivencia, esta tentación de aprovecharse de nuestros votos y nuestros impuestos, no ha variado.

Es más, en los últimos tiempos han vuelto a repetirse, con las estafas públicas centralizadas en el ministerio de Transportes – el que mayor cifra de dinero público maneja – durante la etapa del ministro José Luís Ábalos, que para mayor vergüenza encabezaba al PSOE en su gestión central, y su corte de presuntos corruptos qua ya han adquirido la condición de bandas, con implicaciones millonarias en negocios tan importantes como los hidrocarburos, y una retahíla de implicados cuyos nombres ya se han convertido en tema de alusiones diarias: Aldama o el más popular, la imagen inconfundible de Koldo.

Habría que añadir otros protagonistas, desde luego, de carácter incluso familiar, sobre los que habrá que esperar a que se pronuncie la Justicia, uno de ellos el de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que ya ha presentado su dimisión. La corrupción en su concepción más popular no se limita sólo a las cuestiones económicas. También afecta a menudo a otras situaciones que violan la honradez y pulcritud con que debe ser ejercido el poder. Es el caso del proceso, en la práctica inconcebible, aunque real, abierto nada menos que contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su obstinación por mantenerse en el cargo, bajo el peso de la sospecha mientras es analizada por los tribunales.

Se trata en la globalidad de hechos graves y de manera muy especial en su concomitancia con la actividad política, aunque no sólo. Lo más sorprendente y preocupante en el conjunto de esta revitalización de la lacra de la corrupción es la pasividad del Gobierno que lejos de estar apoyando y cooperando con las investigaciones, la está frenando o cuando menos obstaculizando: empeñado en desacreditar la actividad de los jueces, incluso su desprestigio institucional y defendiendo, frente a los profesionales de la Justicia la incapacidad para ejercer y mantener en su cargo a un fiscal General, el defensor del Estado, compatibilizando las acusaciones que enfrenta con sus funciones públicas y responsabilidad legal convertido en un esperpéntico encausado del que él tendría que ser su propio acusador.