La UCO revela que el fiscal general no ha devuelto sus móviles antiguos después de la filtración

Así lo revela el último informe de la UCO, fechado el pasado 21 de febrero, y remitido al juez Ángel Luis Hurtado, el instructor de la causa abierta en el alto tribunal contra el fiscal general por presuntamente haber participado en las maniobras para filtrar el famoso correo electrónico del letrado de Alberto González Amador.

En concreto, la Guardia Civil constata que, según obran en los documentos del Ministerio de Justicia, desde el 30 de junio de 2023, fecha límite por la que preguntaba el juez, y la actualidad, la administración le ha entregado a Álvaro García dos terminales. Un Samsung A54 el 24 de mayo de 2024, más de dos meses después de la filtración, y otro Samsung S24 el 18 de diciembre del pasado año, ya después de ser encausado en el Tribunal Supremo. Antes de la filtración, no consta en el informe que el imputado solicitara cambiar de teléfono en ninguna ocasión.

La Oficina de Móviles de la Subdirección General de Calidad de Servicios Digitales de Justicia, además, ha informado a la Guardia Civil que desde que se produjo la filtración en marzo de 2024 el fiscal general del Estado «no ha entregado ningún dispositivo por desuso o reemplazo». O sea, García Ortiz -como sería preceptivo- no ha devuelto a la Administración central ninguno de los aparatos para los que ha solicitado y obtenido un reemplazo a pesar de que esas terminales son de propiedad del Estado, se encuentren en el estado en el que se encuentren.

Otro dato importante contenido en este último atestado es que los servicios técnicos de Justicia han certificado a la UCO que ese departamento no tiene entre sus «tareas» el «borrado o formateo» de terminales telefónicos. «Sin embargo, existe constancia de un resteo del terminal Samsung A54 (el que se le entregó a García Ortiz en mayo) realizado por el propio fiscal general, puesto que así se indicaba en un correo electrónico recibido el 24 de octubre en esa subdirección general, solicitando que se realizara un nuevo enrolamiento (enlazar de nuevo contraseñas y demás) del citado terminal».

O sea, según explican fuentes de la investigación, el fiscal general se embarcó por su cuenta y riesgo en la complicada operación de borrado integral de su móvil (incluido el doble formateo y el vaciado de la nube) el pasado 16 de octubre -el mismo día en que el Tribunal Supremo anunció que le abría una causa- sin seguir indicaciones y o exigencias de seguridad de los técnicos del ministerio y sin la ayuda de ninguno de sus especialistas.

Hasta ahora la UCO sabía que el fiscal general había activado un nuevo terminal (el que le dieron en mayo) el 23 de octubre, una semana después de que el Tribunal Supremo lo encausara por revelación de secretos y siete días antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara su despacho para incautarse de sus dispositivos electrónicos.

El documento de la Guardia Civil conocido este miércoles no avala la tesis defendida por la Fiscalía de que García Ortiz no solo borra de manera regular la información de sus terminales por motivos de seguridad y siguiendo los protocolos de Protección de Datos, sino que también se deshace de manera periódica de los propios aparatos también por los mismos motivos de seguridad.

Durante su interrogatorio como imputado el pasado 29 de enero en el Supremo, Álvaro García insistió en que no cancelar de forma regular información de su terminal sería un grave error porque éste «alberga información que por supuestísimo puede afectar a la seguridad de este país» y defendió que nunca ha intentado ocultar pruebas, basando su razonamiento en que él pidió el móvil nuevo en mayo de 2024 y, sin embargo, no lo activó hasta octubre del pasado año, cuando ya se había abierto un proceso penal por la filtración.

Este informe de la UCO que revela solo dos cambios de móvil en año y medio se conoce solo horas después de que el propio juez Hurtado en un auto apuntara que «en el caso de la presente instrucción es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles».

En ese mismo auto fechado este martes, el juez dio luz verde a que todas las partes sigan accediendo a la información más sensible del teléfono del imputado aunque con limitaciones, ya que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregaran a las acusaciones, sino que quedarán a disposición de las mismas «para su consulta en la secretaría del tribunal». De hecho, las copias de los anexos del cambio del informe del cambio de móvil del fiscal no han sido facilitadas a las partes, que solo han podido consultarlas.