El Supremo denuncia que es una «evidencia» que el fiscal general «ha hecho desaparecer pruebas»

Se trata de la primera resolución del alto tribunal en la que se apunta ya de manera bastante clara la posibilidad de que el máximo responsable del Ministerio Público haya entorpecido la investigación de manera voluntaria y consciente para ocultar los indicios que le implicarían en la revelación del famoso mail.

El instructor señala directamente a García Ortiz en un auto en el que da luz verde a que todas las partes sigan accediendo a la información más sensible del teléfono del imputado aunque con limitaciones, ya que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se entregaran a las acusaciones, sino que quedarán a disposición de las mismas «para su consulta en la secretaría del tribunal».

El fiscal general del Estado se había quejado de las filtraciones a la prensa de sus datos personales -incluido su domicilio físico, teléfono o mail- que contenían esos apéndices, por lo que había pedido al Supremo que no se volviera a facilitar información sobre el escrutinio de sus dispositivos a las acusaciones. Pero Hurtado insiste en que las partes deben tener acceso a esos sensibles volcados y que quien ha provocado esta situación es el propio imputado porque «en el caso de la presente instrucción es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles».

El juez reconoce que García Ortiz ha «mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos» y que, incluso, ha «dado distintas explicaciones» para esa cancelación total de los datos de su terminal (que tuvo lugar solo cinco horas y medio después de que el gabinete de prensa del Supremo anunciara que le encausaba en este procedimiento). Fundamentalmente, el imputado arguyó el 29 de enero en su interrogatorio ante el Supremo que el borrado, que afirma que hace de manera regular, se produjo por motivos de seguridad dado lo delicada de la información que el máximo responsable del Ministerio Público suele almacenar en su móvil.

 Sin embargo, el Supremo reprocha al fiscal general que « (el operativo de borrado) podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».

El magistrado explica en su resolución «que carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar», ya que un imputado, a diferencia de un testigo, sí que tiene derecho a todo tipo maniobras para evitar que lo incriminen. Sin embargo, tampoco se puede pretender que el borrado masivo de esos datos –razona Hurtado- «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal». Y ello, porque ha tenido la consecuencia evidente de que se ha tenido que recurrir a la incautación y análisis de todos los dispositivos del fiscal general. Y ahora, esa información tiene que ser facilitada de alguna forma a todas las partes de este procedimiento.

Así las cosas, el instructor autoriza a que las partes sigan accediendo a los informes más sensibles de la UCO, aunque sea en sede judicial. De hecho, el último oficio de la Guardia Civil, fechado el 21 de febrero, que consta de tres anexos relativo a cambios de móvil del fiscal general, ya solo podrá ser consultado en el Supremo y no se repartirá a las partes para evitar las filtraciones.