El tribunal cita a la fiscal de Madrid por la denuncia del novio de Ayuso antes de apuntar contra García Ortiz

El magistrado Francisco José Goyena, que es el instructor del caso, trata de aclarar quién fue el responsable último que ordenó distribuir una nota pública desde la Fiscalía de Madrid, que no contaba con el membrete ni el formato habitual de las informaciones que llegan a los medios de comunicación desde ese departamento, y en la que se desvelaban pormenores, entonces secretos, de las negociaciones que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidente de Madrid, había mantenido con el Ministerio Público para llegar a un acuerdo de conformidad sobre las acusaciones de haber cometido dos fraudes a Hacienda.

Lo inusual de esa nota sin membrete de prensa, ha hecho que el instructor Goyena cite igualmente como testigo al jefe de comunicación de la Fiscalía de Madrid.

Estas dos citaciones, según todas las fuentes consultadas, son la antesala a que el TSJ de Madrid apunte directamente al fiscal general del Estado como la persona que dio la orden airear datos confidenciales del novio de Ayuso a través de los órganos de comunicación de la Fiscalía de Madrid. De llegar este momento, el tribunal tendría que dejar el caso en manos del Supremo, ya que Álvaro García Ortiz está aforado ante esta institución.

Aunque por el momento, esta causa se dirige contra Julián Salto (que es el fiscal que presentó la querella que acusa de fraude fiscal y falsificación al novio de Ayuso) y contra su jefa provincial, Pilar Rodríguez, como supuesta responsable de la difusión de datos de los emails que la defensa del empresario intercambió con aquella fiscalía, la imputación del máximo responsable del Ministerio Público por revelación de secretos no es ninguna hipótesis descabellada. Y es que el propio Álvaro García Ortiz el pasado 15 de abril asumió la «última responsabilidad» de ese controvertido comunicado.

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En una declaración institucional, el máximo responsable del Ministerio Público defendió la difusión de datos de la negociación con Gónzález Amador amparándose en que el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos ya dispuso en 2013 la posibilidad de responder oficialmente ante un «ataque injusto» a través de los medios de comunicación o por la «difusión de informaciones falsas sobre personas o hechos relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal».