La justicia pide a la Fiscalía que identifique «al máximo responsable» de la filtración sobre el novio de Ayuso

Aunque en su querella la pareja de la presidenta madrileña señala exclusivamente a los fiscales Julián Salto y Pilar Rodríguez de sendos delitos de revelación de secretos por funcionario, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, dijo «asumir la responsabilidad última» del contenido de esa nota de prensa que ha dado lugar a una investigación inédita sobre si el Ministerio Público utilizó información confidencial con intereses espurios para perjudicar en último punto a Díaz Ayuso.

Entre lo más relevante está la solicitud a la Fiscalía Provincial para que remita unacopia del comunicado de prensa en el que se sustenta la acusación y que se identifique quiénes «fueron las personas físicas concretas que procedieron a la redacción de dicho comunicado».

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Asimismo, reclama conocer «quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido», especifica, en una alusión velada a García Ortiz. También requiere la «relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados)» con el abogado de González Amador y el listado de las personas que tuvieron acceso a esos correos.

El magistrado cita al novio de Ayuso y al Colegio de la Abogacía de Madrid, en calidad de acusación popular, el 24 de mayo para que ratifiquen sendas querellas y pide a una decena de medios que certifiquen «la realidad y autencididad, con expresión de la fecha y hora, en su caso» en que se realizaron las distintas publicaciones que sustentan la querella. A su vez, el juez da quince días al Ministerio Público para que informe sobre cómo se produjo el acceso a los correos de Gómez Amador y su difusión.

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El procedimiento del TSJM recoge las razones de la parte querellante que argumenta que «se ha quebrantado el secreto, la confidencialidad y reserva frente a cualquier tercero de datos y comunicaciones, antes incluso de que el procedimiento penal se iniciara» y alude a que los hechos podrían enmarcarse en los delitos de violación de secretos (del artículo 417 del Código Penal) o de descubrimiento y revelación de secretos (del artículo 197 del Código Penal).