La represalia de Junts exprime al Gobierno y desata las rivalidades entre los socios

Los aliados del PSOE que lo ven hoy menos negro -Sumar y Bildu- lo hacen solo porque los de Carles Puigdemont se han avenido a negociar el techo de gasto presupuestario, tras forzar al Ministerio de Hacienda a retirarlo para no perder la votación prevista en el Congreso. Y el mero hilván de esa expectativa ha llevado a Esquerra y a Podemos a tensar el hilo de sus propias reivindicaciones, mientras la inquietud por el devenir del cuatrienio se acomoda en los escaños del PNV.

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El Gobierno siempre fue consciente de que lidiar con un socio como Junts no sería sencillo. Confiaba, no obstante, en que el temor del soberanismo al auge de la derecha española, concesiones de tanto calado como la amnistía y el excepcional foro de negociación con mediador internacional constituido en Suiza acolcharían la legislatura de Sánchez una vez amarrada la investidura; y ello a pesar de que, a diferencia de ERC, con los de Puigdemont no existe afinidad ideológica y su estrategia para avanzar hacia la independencia siempre apunta más a la desestabilización que a la búsqueda de acuerdos.

Pero ni siquiera la doble ducha fría que ha supuesto para el expresident huido en Waterloo el freno del Supremo, primero, a su exoneración penal y, después, la entronización de Salvador Illa en la Generalitat gracias al pacto con Esquerra para dotar de una financiación «singular» a Cataluña diluyeron la esperanza del Ejecutivo en que el líder de Junts ya digeriría, sin represalias sangrantes, el baño de realidad.

Pero a Puigdemont y los suyos no solo no se les ha pasado la frustración. Han vuelto del verano determinados a martirizar al Gobierno asunto a asunto, negociación a negociación, votación a votación, toda vez que -avisan los junteros en el Congreso- al Ejecutivo «le está costando entender» que la suya es una fuerza independentista, que lo que le guía es lo que cree beneficioso para Cataluña y que, si quiere sus votos, tiene que llamar, sentarse a la mesa y ceder. Ahora, con la senda de deuda y déficit.

Así, donde Hacienda, Sumar y Bildu ven «margen» para salvar el primer escollo de los Presupuestos y evitar que la legislatura encalle, Junts atisba otra oportunidad para exprimir la presión por la que el no del Gobierno -en este caso, a multiplicar los recursos de las autonomías- acaba convirtiéndose en sí. Y desligándolo de «la carpeta» de los Presupuestos que sigue sin abrir.

Fuentes del Ejecutivo confiesan su impotencia ante la forma de proceder de un partido que, reprochan, no juega con las mismas reglas que el resto y resulta imprevisible; un lamento que comparten -con malestar- los demás socios. «Sus decisiones no se fundamentan en que una ley les parezca más o menos buena, sino en que ese día piensen que toca demostrar que tienen la sartén por el mango», apuntan desde un ministerio con varias iniciativas pendientes del veredicto de Junts. «No importa que te esfuerces en consensuar, es una ruleta», concluyen. Los aludidos se reafirman en que ellos no integran «ningún bloque». Una advertencia recurrente al Gobierno pero que se proyecta ya sobre el conjunto de los aliados de la investidura.

La renuncia del Ejecutivo a llevar ahora al Congreso la senda de estabilidad para emprender otra agónica negociación con Junts viste un santo para desvestir otro, el de los complejos equilibrios en las rivalidades de los socios sobre el que también se sostiene el mandato de Sánchez. Esquerra, atenazada por las disputas internas a dos meses de un congreso fratricida, ha puesto el contador a cero con el techo de gasto porque no puede permitirse perder pie en su cada vez más descarnada competición con Junts. Y Podemos -fiscalizador de las flaquezas ideológicas del PSOE, martillo pilón contra Yolanda Díaz, reactivo a la burguesía de la antigua Convergència y oposición al PNV en Euskadi- ha advertido ya al presidente de que sus cuatro diputados «no valen menos» que los siete de Puigdemont.

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El Gobierno es consciente de que el duelo entre las dos fuerzas del soberanismo catalán, intensificado tras la investidura de Illa, redobla el desgaste y el precio a pagar en cada negociación. «Eso a nosotros no nos viene bien -reconocen fuentes del Ejecutivo-, porque uno sobre otro van subiendo (la apuesta)». Pese a que rechaza la propuesta de saque de Junts -pasar de un reparto de déficit para las autonomías de 1.600 millones a 13.000-, Montero ambiciona encauzar el techo de gasto antes de que Junts celebre su congreso a finales de octubre. Sánchez ha echado el freno de mano con los Presupuestos hasta que pasen ese cónclave y el de ERC de noviembre, confiando, sin garantía tampoco, en que se imponga el pragmatismo.