El CGPJ encalla en la elección entre Teso y Lucas para su presidencia y volverá a reunirse el lunes

La consecuencia de ese equilibrio mimético de fuerzas es que el Consejo no logra alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos de sus miembros que exige la ley -12- y que los vocales volverán a reunirse en una fecha tan insólita como este lunes 5 de agosto para someter de nuevo a consideración las candidaturas, pero ya no solo las de Lucas y Teso. Ese día, el pleno deberá empezar otra vez el proceso, con votaciones incluidas para ir descartando aspirantes, a partir de los currículums de los siete magistrados del Supremo propuestos para optar a la presidencia: Lucas, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba, sugeridos por el ala conservadora aunque al primero siempre se le ha vinculado a lo largo de su dilatada trayectoria con el centroizquierda judicial; y Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet, las juezas por las que apuestan los vocales progresistas.

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Los componentes del pleno del CGPJ realizaron, como es habitual en estos procedimientos, varias rondas de votaciones este martes, primera jornada de reunión, para ir perfilando quiénes tienen más posibilidades de ver su candidatura prosperar, aunque como sostienen fuentes jurídicas, las elecciones complejas en el Consejo acostumbran a depender no tanto de los apoyos como de que los aspirantes no susciten un rechazo insuperable. El pulso quedó acotado entre Lucas, el juez que autoriza las escuchas del CNI y al que se atribuye un perfil independiente tras 23 años de pertenencia al Supremo, y Teso, con también una amplia carrera, desde 2008, en la cúspide el entramado judicial español, quien ya optó a presidir el Consejo hace una década -perdió ante el conservador Carlos Lesmes- y quien cuenta a su favor con la premisa de los progresistas de que ya toca que una mujer dirija el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Ya ayer, fuentes consultadas apuntaban a que puede que el nombramiento de quien sea designado para la presidencia, que requiere jura o promesa del cargo ante el Rey y el pleno protocolario del Supremo, se pueda demorar a septiembre si los vocales no se apean de sus actuales posiciones. La exigencia de doce vocales obliga a un consenso entre ambos bloques -un requerimiento que el PSOE y el PP extendieron en su pacto de renovación para todos los cargos y decisiones de relevancia del CGPJ por la vía de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial-, que si no se forja lleva al bloqueo. A menos que alguien ceda o se encuentre, si el empate entre Lucas y Teso se enquista, una tercera vía.

El actualizado CGPJ ha de pugnar contra un doble estigma: por una parte, la adscripción tradicional que se asigna a sus integrantes entre progresistas y conservadores; y, por otra, que su presidente -hasta ahora, siempre han sido hombres- venía inspirado no por lo que marca la ley (que lo eligen los vocales), sino por un pacto previo e inconfesable de socialistas y populares. Esta vez, los dos grandes partidos han querido vender un entendimiento que se ha demorado un lustro, provocando un desgarro institucional inédito, como la vía para garantizar la independencia de juzgados y tribunales cuyas costuras ellos mismos han ido forzando con el paso de los años. Y ambos, tras un pacto que ha incluido la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se han comprometido a no interferir en un proceso tan relevante como la designación de la presidencia del Consejo.

Este es el contexto en el que se mueven los nuevos vocales, en busca de un liderazgo de consenso y «fuerte» que contribuya a ir restañando el destrozo de estos cinco años de obligada parálisis por el disenso partidario. Y aunque este Consejo ha nacido con la voluntad de superar el alineamiento ideológico que ha ido erosionando su credibilidad en cuatro décadas de funcionamiento, el pulso se dirime entre la aspirante propuesta por el sector progresista y el propugnado por los conservadores, aunque a lo largo de su dilatada trayectoria a Lucas se le ha vinculado más con el centroizquierda.

Los dos magistrados, que comparten la Sala de lo Contencioso, han recibido, tanto ayer como hoy, diez apoyos, lo que implica que o alguien cede entre los proponentes para alcanzar la mayoría cualificada de 12 que exige la ley o el nombramiento podría enquistarse incluso hasta después del verano; entre otras cosas, porque no se puede cambiar de aspirantes una vez puestos en liza. Lucas y Teso comparten la Sala de lo Contencioso del Supremo, de la que el magistrado es presidente interino tras la designación de César Tolosa como miembro del Constitucional.

Y los dos han coincidido en sentencias -la última, la que enmendó hace unos días al fiscal general, Álvaro García Ortiz, acusándole de maniobrar para incumplir la anulación del ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala de lo Militar- y divergido en otras, como ocurrió de nuevo con la exministra y su elección al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. El tribunal encabezado por Lucas revirtió el nombramiento por conflicto de intereses con el actual trabajo del marido de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, con voto particular discrepante de Teso.

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El ala progresista cree que ha llegado el tiempo de situar a una mujer al frente del CGPJ, frente a lo que los conservadores oponen las más de dos décadas que Lucas atesora en el Supremo. El magistrado, integrante de una saga de juristas y hermano de Enrique Lucas -vocal en el saliente Consejo, propuesto en su día por el PNV-, ha visto cómo su marcaje a las controvertidas decisiones del fiscal general le han generado antipatías y cómo su responsabilidad al ser el juez del Supremo que controla la legalidad de las escuchas del CNI le ha erigido en diana de los independentistas a raíz del 'caso Pegasus'. En el caso de Teso, la magistrada ya pugnó por la presidencia del Consejo que perdió a manos de Carlos Lesmes.