Sánchez y Feijóo cierran con la renovación del CGPJ su primer gran acuerdo

El pacto -que desató de inmediato las críticas de socios de uno y otro partido, excluidos por completo- no implica solo la designación de los veinte nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces conforme a la legislación vigente, por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. Pese a que se da por descontado que cada formación avala diez propuestas (en la última negociación el reparto era 11-9 para los socialistas) ambos presentarán como propios todos los nombres en una lista conjunta, y se contempla, además, que el Senado cubra ya el puesto del magistrado del Tribunal Constitucional Alfredo Montoya, que renunció tras sufrir un ictus en julio de 2022 y pasará a estar ocupada por el también conservador José María Macías.

Pero, al margen de lo que afecta en sí al órgano de gobierno de los jueces -encargado de inspeccionar el funcionamiento de los juzgados y tribunales, exigir responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial y ordenar los nombramientos, ascensos y traslados- hay otra cuestión que el principal partido de la oposición presenta como determinante. A lo largo del mes de julio PP y PSOE llevarán de manera conjunta al Congreso una proposición de ley para "reforzar la independencia judicial".

Ese texto planteará una reforma estatuto fiscal -de modo que, según los populares, no podrán volver a producirse casos como el de Dolores Delgado, que pasó del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado- y una reforma de la ley del poder judicial para que los jueces que hayan dado el salto a la política y vuelvan a ejercer tengan que esperar dos años antes de volver a dictar sentencias. El PP alega que se garantizará así que Sánchez no coloniza la justicia. Bolaños, por su parte, destacó que también abordará, a propuesta del presidente, la creación de una comisión de calificación que va a garantizar que los nombramientos del nuevo Consejo sean "objetivos y se basen en el mérito".

La exigencia del principal partido de la oposición de que se cambie el sistema de nombramiento del CGPJ de modo que sean los propios jueces quienes elijan a los doce vocales provenientes de la carrera judicial y el Congreso y el Senado se limiten a la designación de los ocho que, conforme a la Constitución, han de ser elegidos de entre juristas de reconocido prestigio queda en una suerte de limbo. Pero, a pesar de que los socialistas siempre la han rechazado, no recibe un portazo.

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El nuevo Consejo, que según los cálculos de Bolaños podrá estar funcionando ya a mediados de julio, tendrá entre sus obligaciones presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta para modificar el sistema conforme a las recomendaciones de la propia Comisión Europea, que también ha recomendado en numerosas ocasiones una fórmula que garantice mayor independencia del organismo.

Esa fórmula, como todo el resto de decisiones relevantes que deba adoptar la institución -los nombramientos del Tribunal Supremo entre ellos- deberá contar, en todo caso, con el respaldo de tres quintos de los vocales. "Se refuerza -destacó el ministro- la necesidad de consenso". Después se remitirá a las Cortes para su tramitación, aunque Bolaños no garantizó que vaya a salir adelante.

A grandes rasgos, todo lo acordado hoy ya había sido negociado y prácticamente atado en el otoño de 2022 por el hoy ministro de Justicia, entonces solo de la Presidencia, y el vicesecretario de institucional del PP, pero el acuerdo saltó súbitamente por los aires cuando ya se daba por descontada su firma. Feijóo decidió romper conversaciones después de que Sánchez le confirmara que, en plena negociación presupuestaria con ERC, iba a reformar el Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar la malversación para favorecer a los encausados del 'procés'.

Los socialistas siempre han asegurado que lo que ocurrió entonces fue que al líder del PP le "temblaron las piernas", que esa polémica reforma penal no pudo ser ninguna sorpresa para él y que fue el ala dura de su formación la que le dobló el pulso. Este martes, Feijóo justificó su posición frente a críticas como las de VOX. "Sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado, y una y otra son firmes -dijo-. Ni ha cambiado la consideración nos merece el gobierno ni tampoco la responsabilidad con las grandes cuestiones de Estado".

Ahora, la reforma legal que Sánchez amenazó con activar si no se llegaba a un acuerdo antes de que acabara junio -y que conllevaba privar al CGPJ de su potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, los tribunales superiores y las audiencias provinciales- se meterá en un cajón. "Desde hoy recuperamos la plena normalidad en los tres poderes de nuestro país", se felicitó el titular de Justicia.

El Gobierno, que tuvo que oír como Podemos o ERC le criticaban que haya "legitimado" al partido de la "guerra sucia" y la "máquina del fango", proclamó su satisfacción tanto por haber acabado con una situación anómala que ha causado un grave perjuicio a los ciudadanos -las casi cien plazas vacantes en los tribunales han provocado retrasos en el dictado de sentencias y han tenido un coste, según el ministro, de 12,5 millones de euros anuales- como por haber "hecho honor a lo que la Constitución supuso, un gran acuerdo entre diferentes para mejorar nuestro país".

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Bolaños expresó su deseo de que este pacto pueda allanar el camino a otros pendientes, entre ellos, el de la renovación de parte del Consejo de RTVE y la designación del gobernador y el subgobernador del Banco de España.