Begoña Gómez se niega a declarar y lleva al límite la tesis de que es víctima de una conjura política

El silencio de Gómez ante el magistrado que le acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares y la brevísima intervención de Camacho ante el titular del Juzgado de instrucción 41 –apenas unos segundos para anunciar que su cliente no iba a declarar– contrastó con la locuacidad del letrado ante las cámaras que le esperaban a la salida de la sede judicial, donde, allí sí, el exministro hizo el alegato que no hizo ante el magistrado,

Sobre su defendida, que apenas estuvo media hora en los juzgados, entró y abandonó el edificio de Plaza de Castilla por el garaje evitando así el odiado 'paseíllo', Camacho se explayó. En la acera, detalló que la esposa del jefe del Gobierno no ha declarado «no porque tenga algo que esconder», sino por recomendación de él mismo, que no ve las suficientes garantías en la actuación del magistrado Peinado. «Se trata de una investigación expansiva donde las garantías de mi defendida no están como deben estar en un Estado de derecho», clamó ante los periodistas, dejando claro que fía en buena parte su estrategia en este proceso a la batalla por el relato fuera de los muros del tribunal. «Es obvio que un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa», apostilló.

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El letrado abundó en que el procedimiento «se ha quedado sin contenido, en referencia al hecho de que la Fiscalía Europea haya requerido y asumido la investigación de los más de 10 millones de euros que recibió en contratos de la Administración central el empresario Carlos Barrabés. El también colaborador de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense recibió dos cartas de recomendación de Gómez en 2020, hechos todos ellos contenidos en la denuncia que dio origen a estas diligencias previas.

«No entendemos qué guía al juez en este procedimiento», concluyó Camacho, dando a entender que a Peinado le mueven motivaciones espurias; unas acusaciones que viene lanzando de forma más o menos velada desde hace semanas en sus recurrentes escritos al juzgado, en los que urge al instructor a dar carpetazo a su investigación. «Ya son cinco acusaciones populares las que están en la causa y sus escritos no han aportado nada», se quejó el letrado, que también desde hace tiempo ve en esos colectivos –entre ellos, Manos Limpias, Hazte Oír y Vox–, todos escorados a la zona más conservadora del espectro político– el motor de la supuesta cacería a la que se está sometiendo a su patrocinada.

Al término de la declaración casi vista y no vista, Vox anunció que el mutismo de Gómez debe tener como respuesta la citación del presidente del Gobierno para que preste testimonio en calidad de testigo. «La mujer de Pedro Sánchez se ríe de los españoles al negarse a dar explicaciones amparándose en su derecho a no declarar», reprobó el eurodiputado de la derecha radical Jorge Buxadé, quien anunció que la petición del interrogatorio de Sánchez es para aclarar «de qué hablaron en Moncloa y a cuántas empresas ha llamado para facilitar el trabajo de su mujer», dijo, en referencia a los encuentros que el propio Barrabés confirmó ante el juez que mantuvo con Gómez en el complejo presidencial, dos de ellas con presencia del líder del PSOE. «Los españoles necesitan explicaciones sobre qué ha sucedido en Moncloa y si no lo hace su mujer, tendrá que hacerlo Sánchez», zanjó Buxadé.

Más allá de las consecuencias jurídicas que tenga la negativa a declarar y al margen de que el silencio de Gómez no va a acortar el vía crucis que la causa está suponiendo para el Gobierno y el PSOE, lo cierto es que esta estrategia de no responder al juez libra a la investigada, por el momento, de tener que meterse de lleno en el último charco de este procedimiento: la petición de la Complutense al juez para que investigue si Gómez incurrió en «apropiación indebida» del 'software' que se desarrolló en su cátedra.

Con la Audiencia de Madrid negando por inverosímil que las reuniones de Gómez con los responsables de Air Europa fueran claves para el rescate de la aerolínea en pandemia y con la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la investigación de los contratos a Barrabés, ese 'software' aparece ahora como una tabla de salvación para que el juez Peinado continúe con la instrucción y como una nueva espada de Damocles para la acusada.

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Gómez y Camacho han intentado por todos los medios que magistrado no ampliara sus diligencias previas a la supuesta apropiación de la herramienta informática. Pero su conexión con la cátedra desde la que se movieron los hilos para los contratos de Barrabés y el hecho de que la propia universidad haya requerido fiscalizar si Gómez ha explotado en beneficio propio el 'software' van a poner a facilitar que Peinado no orille este asunto. La Complutense desembolsó por el programa 102.848,79 euros en tres tandas.