La Audiencia Nacional archiva la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal

Así, el magistrado -que instruye el llamado 'caso Hidrocarburos' por el que está en la cárcel Víctor de Aldama, el conseguidor de la 'trama Ábalos'- ha inadmitido la querella presentada el lunes de la pasada semana por el PP contra el PSOE por esa supuesta financiación en negro. Eso sí, el titular del Juzgado central de Instrucción 5 ha admitido la personación como acusaciones populares del PP, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox (previa prestación de fianza de 10.000 euros) en este sumario íntimamente conectado con el 'caso Koldo-Ábalos', que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Las mentiras del PP contra el PSOE -se ha congratulado tras conocer la noticia de la inadmisión el ministro de Justicia, Félix Bolaños- tienen las patas muy cortas; unos días han durado en los tribunales». El también titular de Presidencia, ha añadido que espera que ahora el primer partido de la oposición «recapacite» y se dé cuenta de que su estrategia «de bulos y de fango» no lleva a ninguna parte. Pero los socialistas no se quedarán en lo meramente declarativo. Desde Ferraz, la portavoz del 41 Congreso, Emma López, ha anunciado que interpondrán una querella por injurias y calumnias, aunque no será inmediata sino, ha alegado, «con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien».

La querella del PP inadmitida iba dirigida, además de contra el PSOE, contra los empresarios Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas y contra Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por supuestos delitos de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal. Fue precisamente esta trama de los hidrocarburos, a través de una de las empresas de Rivas, la que terminó haciéndose cargo de la compra del chalé que disfrutaba Ábalos en la Línea de la Concepción, en Cádiz.

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El magistrado, uniéndose a las tesis de la Fiscalía, no ve «virtualidad suficiente» como para iniciar la investigación. Pedraz recuerda que una denuncia anónima puede tener plena validez para iniciar una investigación, pero «siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores», o que sean esas mismas las que funcionen como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador, tal y como establece el Tribunal Supremo.

La jurisprudencia, explica Pedraz, requiere que esas informaciones estén sustentadas en algún «dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada». Además, añade que la jurisprudencia indica que «con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más.»

Para Pedraz, en el caso de la querella del PP, ese «algo más» según se sigue de la lectura de lo relatado en la querella no se da, pues de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado.

Incluso, advierte el magistrado, «aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos», como señala el Ministerio Fiscal al señalar que la tramitación (de los expedientes supuestamente recompensados por los cohechos en Ferraz) corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al director del Gabinete del Ministro de Industria.

En otra resolución, el magistrado mantiene en prisión sin fianza al empresario Víctor de Aldama para evitar que pueda obstruir la acción de la justicia y, sobre todo, fugarse al extranjero, donde el juez sospecha que tienen una ingente fortuna.

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En un auto, en el que rechaza el recurso de reforma de este empresario, Santiago Pedraz recuerda que se han acordado múltiples diligencias que aún están pendientes y que queda por analizar todo lo hallado en los registros. Pero sobre todo, pone el acento el instructor en que una parte importante de lo defraudado por no pagar IVA, casi 74 millones de euros, podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero, por lo que es preciso proceder a su localización y bloqueo, así como determinar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, unas medidas «que se verían frustradas o, al menos, dificultadas, si el investigado se encontrara en libertad».