El Reino Unido pierde trabajadores y universitarios extranjeros por las dificultades para obtener visados

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Aunque la llegada en botes a la costa inglesa de inmigrantes irregulares y solicitantes de refugio ha obsesionado a sectores de la población británica, la realidad es que el número que entra a bordo de esas embarcaciones es minúsculo en comparación con quienes se integran en el país por las vías oficiales. En 2022 llegaron 764.000 personas, la cifra más alta en los registros históricos.

El descenso de la inmigración neta en 2023 a la cifra de 685.000 personas provocó quejas contra el entonces primer ministro, Rishi Sunak. Su Gobierno aumentó el salario mínimo para solicitar visados de empleo y eliminó el derecho de extender ese permiso a familiares. Son los dos factores que habrían causado un descenso tan rápido del número de ciudadanos que quiere emigrar al Reino Unido.

Según los cálculos del Observatorio de Inmigración de la Universidad de Oxford, citados por el diario 'Financial Times', la cifra neta en 2030 será de unos 350.000, por el aumento del número de personas que se marcharán del Reino Unido en el próximo quinquenio, el descenso de estudiantes universitarios y la falta de ofertas de trabajo en las empresas privadas.

La reducción este año del 80% en las solicitudes de visado para trabajar en el sector de la sanidad y la asistencia social y del 15% en los universitarios que eligen estudiar en el Reino Unido podría agravar, por un lado, la situación del Servicio Nacional de Salud (NHS), que tiene unos 130.000 puestos sin cubrir en asistencia secundaria, y, por otro, de los campus, que cobran a los extranjeros unas tasas muy superiores que las de los británicos, pero aún así alertan sobre sus problemas financieros.

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El Gobierno del laborista Keir Starmer, que acaba de cumplir un mes en el poder, ha prometido aumentar el número de empleados en el servicio de evaluación de las solicitudes de asilo, que tiene ahora una lista de espera de 80.000 persona. La rapidez en la toma de decisiones sobre esas demandas permitiría la expulsión de inmigrantes que no pueden justificar la necesidad de recibir protección internacional. También ayudaría a reducir o eliminar el uso de hoteles para albergar a decenas de miles de extranjeros que se encuentran en un limbo legal, una medida que cuesta en torno a los 3.000 millones de euros anuales.