Alemania culpa de alta traición al noble que pretendía dar un golpe de Estado

Junto al noble y empresario inmobiliario que aspiraba a derrocar por la fuerza al Gobierno federal tras tomar al asalto el Bundestag, el Parlamento alemán, se encuentran acusados, entre otros, varios exoficiales del ejército germano y una magistrada y antigua diputada por la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

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Tras el comienzo a finales de abril en Stuttgart del juicio contra el presunto brazo armado del llamado Grupo Reuss, el de Fráncfort es el segundo de tres procesos contra la organización formada por miembros del movimiento de los Reichsbürger, que no reconoce la legalidad de la República alemana. Afirman que el Reich continúa existiendo y fusionan históricamente el segundo régimen imperial y el tercero nazi en un periodo que iría de 1871 a 1945. Los restantes integrantes de la banda, de la que fueron detenidas 27 personas en una gran redada en diciembre de 2022, serán juzgados en Múnich a partir del 18 de junio. Hay otros 77 ciudadanos investigados por su supuesta pertenencia al grupo. Todos conspiraban antes de ser arrestados para derribar el Ejecutivo del canciller, Olaf Scholz, y tomar el poder por la fuerza.

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«No se trata de chalados inofensivos, sino de peligrosos sospechosos de terrorismo», declaró la ministra federal de Interior, Nancy Faeser, con motivo de la primera audiencia. «Nuestras fuerzas de seguridad van a continuar con su severa actuación hasta que hayamos desenmascarado públicamente y desarticulado a los Reichsbürger militantes. Nadie en esos ambientes extremistas debe sentirse seguro», advirtió la socialdemócrata. Los planes de los golpistas se encontraban en proceso de maduración cuando fueron detenidos y se hallaron en su poder más de medio millón de euros para financiar el proyecto y un arsenal de cientos de armas de fuego.

Los presuntos golpistas habían comenzado en 2021 a reclutar simpatizantes entre policías y militares, en activo o en la reserva, para formar grupos armados repartidos por todo el país para tomar el Parlamento en una sesión en la que estuvieran presentes el canciller federal y su gabinete, con el fin de secuestrar a diputados y miembros del Ejecutivo emulando a Antonio Tejero. A la vez, brigadas paramilitares de la organización tendrían la misión de actuar en las principales capitales germanas, neutralizando a las autoridades regionales y municipales para facilitar que el golpe se consumara. El Grupo Reuss contaba con que su asonada causaría pérdidas de vidas humanas y sus miembros habían suscrito un juramento de fidelidad que, en caso de ruptura, sería castigado con la muerte.

Los sospechosos incluso habían esbozado un nuevo orden para el Estado, con el príncipe Enrique XIII a la cabeza. Rüdiger de Pescatore, antiguo comandante de paracaidistas, asumiría el Ministerio de Defensa y del de Justicia se encargaría Birgit Malsack-Winkemann, exjueza y exdiputada de AfD. Junto al propio Reuss y otros seis presuntos cabecillas han sido acomodados en un pabellón provisional de 1.300 metros cuadrados levantado para la ocasión y rodeado de medidas extremas de seguridad. Se espera que declaren unos 260 testigos a lo largo de un año.

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La primera sesión comenzó con una hora de retraso después de que la defensa presentara varios recursos. El principal acusado no ocultó su rostro y se dejó fotografiar por los reporteros presentes en la sala. Al entrar los miembros del tribunal se negó a ponerse de pie, un gesto de rechazo que hasta ahora solo se había visto hacer en este país a islamistas radicales en procesos por terrorismo.