Por la sangre de Selma

A Lewis le rompieron la cabeza en la sangrienta marcha de Selma en 1965, habló junto a Martin Luther King en el Lincoln Memorial de Washington -donde este contó su sueño de justicia social- y sirvió en el Congreso durante 17 mandatos seguidos. Después se convirtió en una de las seis grandes figuras del movimiento por los derechos civiles hasta su muerte en julio de 2020, a los 80 años, víctima de un cáncer de páncreas.

El presidente Donald Trump no asistió a los solemnes actos con los que se veló su cadáver durante dos días en la rotonda del Capitolio, sino que envió a su segundo, el vicepresidente Mike Pence. «Él no vino a mi investidura», explicaría después cuando se le preguntó. «Creo que cometió un gran error. Nadie ha hecho más por los negros americanos que yo», arguyó.

Fue Lewis quien convenció a Joe Biden para que eligiese a una mujer de color como vicepresidenta, a cambio de darle su apoyo en las primarias. En consecuencia, es responsable de que Kamala Harris pueda hacer historia el próximo 5 de noviembre, convirtiéndose en la primera presidenta de Estados Unidos. «El voto es el arma no violenta más sagrada y poderosa que tenemos en una democracia», dice una de sus frases célebres que salpican las paredes del distrito al que representó durante 33 años.

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Cuando Lewis se enfrentaba a los policías de Alabama para poder registrarse como votante, luchaba también contra las artimañas del sistema para evitar que los negros como él pudieran votar. Desde el famoso impuesto a los test de analfabetismo que Oprah Winfrey fallaba en la película 'Selma'. Logró recitar el preámbulo de la Constitución y acertar el número de jueces del estado, un total de 67, pero lógicamente se quedó muda cuando el funcionario le exigió nombrarlos a todos.

Más de medio siglo después, las tácticas para suprimir el voto afroamericano son mucho más sutiles y, paradójicamente, este colectivo expresa mucho menos interés en usar ese derecho por el que Lewis y tantos otros dieron su vida. El abogado Gary Spencer, consejero legal de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) y miembro de los Equipos para Proteger las Elecciones (Election Protection Team), conoce algunas de estas estrategias.

En un país sin documento nacional de identidad, donde todavía hay que rogar el voto, la identificación necesaria para registrarse en el censo tiene trampa. Los más pobres no tienen coche, ni carné. El de estudiante tiene que estar expedido por una universidad pública, cuando las afroamericanas suelen ser privadas. Y cuando se logra, no es para siempre. Después de tres elecciones sin acudir a las urnas, el Departamento de Estado purga la lista, por lo que el votante no podrá participar en el siguiente proceso electoral hasta que se registre nuevamente, en un plazo que en Georgia acaba un mes antes de los comicios.

Danielle Smith, de 41 años, se ha topado con ese problema al solicitar su papeleta. El sistema no ha sabido darle respuestas y se limita a decirle que no la encuentra, obligándole a rellenar el formulario una y otra vez, siempre de vuelta a la casilla de salida con el mismo error incomprensible. «¡Demasiado difícil, tampoco tengo tanto interés!», se rinde. Alarmado ante la pérdida de un votante suprimido, Christopher Bruce, director de políticas de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Georgia, trata de convencerla a través de esta periodista. «Dile por favor que llame a este número y nosotros nos encargamos». Danielle acepta el teléfono, pero advierte de que acudir a esa línea de socorro electoral es «demasiado trabajo» para unos comicios en los que ni siquiera le gusta ninguno de los dos candidatos.

El registro de votantes es solo el primer escudo que frena a una buena parte del electorado. Luego vendrá otra criba para los que se han inscrito: limitar el horario de votación anticipada, reducir el número de buzones en los que se pueden depositar, cambiar el proceso de las papeletas provisionales e intimidar a los electores en las urnas con una fuerte presencia policial que incomodará a muchos afroamericanos, tres veces más proclives a morir a manos de la Policía que cualquier blanco. Y eso es solo un frente de guerra. El último será la certificación de los resultados electorales, a la que ya intentara oponerse Trump.

Ese paso burocrático, que tradicionalmente ocurría sin pena ni gloria en el anonimato de una oficina, cobró relevancia en 2020, cuando el presidente intentó convencer a los funcionarios electorales de los estados bisagra del país para que no certificasen los resultados, aduciendo casos de fraude. Un puñado de republicanos a la antigua usanza, más leales a la democracia que a Trump, se resistieron con convicción a todas sus presiones.

El caso más notable es el de Georgia, porque fue el único en el que su secretario de Estado, un republicano de pro, tomó la precaución de grabar la llamada en la que el presidente le pidió que le encontrase 11.780 votos, uno más de los que obtuvo Biden en este territorio. Trump le aseguró que habían votado los muertos, gente que ya no vivía en el Estado y que las máquinas de software de la empresa Dominion habían cambiado el sufragio de otros.

A esas alturas Brad Raffensperger estaba exasperado. «Señor presidente, sus datos están mal», le rebatió una y otra vez. «El problema que usted tiene con las redes sociales es que cualquiera puede decir lo que quiera». El magnate siguió porfiando. «No, esto no son los medios de las redes sociales, son los medios de Trump».

Los 5.000 electores muertos resultaron ser cuatro, después de una investigación exhaustiva. Quienes se habían mudado temporalmente a otro Estado mantenían el derecho legal a seguir votando en el suyo por correo. Y los jueces que repasaron el sistema electrónico descartaron que las máquinas estuvieran trucadas. De hecho, la cadena de televisión Fox tuvo que pagar a la empresa 787,5 millones de dólares por difamación. Como el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani tendrá que entregar su lujoso apartamento de Madison Avenue, entre otras posesiones, a Ruby Freeman y Shay Moss, las dos funcionarias electorales a las que acusó públicamente de haber engordado el resultado de Biden con «maletas» de papeletas.

Como consecuencia de esas mentiras rechazadas por los tribunales, las autoridades competentes y las auditorías independientes, el 68% de los votantes piensa que hubo fraude electoral y ha perdido la fe en el sistema. Como director de política de ACLU en Georgia, y heredero de la lucha por los derechos civiles, Bruce cree firmemente que la voluntad del pueblo prevalecerá, que el proceso democrático se mantendrá sólido y seguro, con un ganador declarado y una transferencia de poderes pacífica. «Pero también creo que hay racismo y sé que hay intentos de suprimir el voto. Por eso continuamos luchando, porque cuando luchamos ganamos».

Su organización tiene preparados cientos de abogados, los nuevos Freedom Riders (viajeros de la libertad) de los sesenta. Para él y tantos otros que han caminado por las calles del histórico distrito comercial negro en el que reina para siempre la fuerza de John Lewis, lo importante no es por quién voten, sino qué voten. Incluso para Michelle Obama, fundadora de la organización no partidista When We All Vote, que el martes, a una semana de las elecciones, aparcó su lucha por Kamala Harris para motivar a los jóvenes de Atlanta a ir a las urnas, sin mencionar a ninguno de los dos candidatos.

El margen por el que Biden se llevó los 16 electores de Georgia en las pasadas elecciones fue de menos de 12.000 votos «y cuando los divides caben a cuatro por colegio electoral», explicó. El problema es que hoy «tenemos a mucha gente sedienta de 'likes' en sus teléfonos, pero desinteresada en sus comunidades», y otra que prefiere votar en programas de 'reality show', antes que en su realidad actual». Paradójicamente, el gigantesco mural de Lewis es la fotografía de Atlanta más compartida en Instagram.