El aborto, un debate que polariza

Actualmente, al menos trece Estados, incluidos Texas, Oklahoma y Alabama, han implementado prohibiciones casi totales, mientras que otros diez han introducido restricciones significativas. «Esto ha dejado a más de 26 millones de mujeres en edad reproductiva sin acceso al aborto en sus estados de residencia. No es aceptable que el acceso a la salud dependa de donde está tu casa», lamenta Alejandra Soto, portavoz de la organización Planned Parenthood Federation of America.

A su juicio, la autonomía sobre el propio cuerpo es fundamental: «Es respetable que cada persona tome decisiones libremente según sus creencias, pero que un juez lo haga por ti es inaceptable». Además, en territorios como Texas, las leyes permiten demandar a cualquier persona que ayude a una mujer a interrumpir su embarazo, lo que ha generado un ambiente de miedo y vigilancia.

Al mismo tiempo, Estados como California, Nueva York e Illinois han tomado la dirección opuesta, aprobando leyes que protegen y amplían el acceso al aborto. En California, por ejemplo, se han destinado 200 millones de dólares para expandir los servicios de este tipo de intervención y apoyar a las mujeres que viajan desde otras zonas del país para recibir atención médica, una tendencia que ha crecido hasta un 800%, según cifras de Planned Parenthood.

Este acceso desigual ha radicalizado las disparidades socioeconómicas en el país. Según el Center for Reproductive Rights, las mujeres con ingresos bajos o en situación de pobreza son las más afectadas. Antes de la derogación de Roe versus Wade, aproximadamente el 75% de las pacientes que buscaban abortos tenían escasos recursos, y esta cifra ha aumentado en los últimos dos años.

Las otras grandes damnificadas son las comunidades de color, que tienen tasas más altas de embarazos no deseados y enfrentan barreras más significativas para acceder a la atención médica reproductiva. Estas diferencias se ven agravadas por el hecho de que muchos de los Estados con las prohibiciones más estrictas son aquellos con niveles más altos de pobreza entre las afroamericanas y latinas.

Aunque el aborto siempre ha sido un tema de debate electoral, su relevancia ha aumentado tras la revocación de Roe versus Wade, como se evidenció en las elecciones de 2022 (se celebran a mitad del mandato presidencial y determinan el control del Congreso). Según Pew Research, el 62% de los votantes consideró que el aborto era un tema «muy importante» al emitir su voto. En territorios como Míchigan, la participación de mujeres jóvenes y votantes suburbanos aumentó notablemente, beneficiando a los candidatos demócratas.

Por su parte, para la base conservadora este fallo es una victoria histórica en su lucha por los «derechos del no nacido». Laura Echevarría, portavoz de la organización pro-vida National Right to Life, argumenta que «en el momento de la concepción, se forma un ser humano único, con ADN único. Las leyes están orientadas a proteger la vida. Este es un derecho humano y debe ser visto de esa forma». Y añade: «La presión financiera y la falta de apoyo son las dos principales causas para abortar. En Estados Unidos, hay más de 3.000 centros listos para ayudar a madres y bebés con necesidades básicas y apoyo emocional, pero se los demoniza por oponerse al aborto».

De cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, el aborto sigue polarizando a los votantes. Por un lado, Donald Trump se presenta como el arquitecto de la revocación de Roe versus Wade. «Ya nos ha demostrado que, como presidente, no defendió la salud reproductiva», expresa Soto. En el otro extremo está Kamala Harris, quien ha sido una defensora de los derechos reproductivos y, como vicepresidenta, ha realizado varias giras por el país para subrayar la importancia del acceso al aborto, especialmente en donde se ha restringido. «La única forma de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres es aprobando una ley federal que los proteja», afirmó durante un mitin en California.

Soto señala que una mayoría demócrata en ambas cámaras sería necesaria para aprobar una ley federal que garantice el acceso al aborto: «Sin una ley federal, estaremos a merced de los Estados, y eso es un riesgo. Incluso en aquellos donde ahora el aborto está protegido, un cambio político podría revocar esa protección».

Por otro lado, Echevarría propone un enfoque diferente: cree que el Gobierno debe implementar más programas de apoyo a madres para evitar que opten por el aborto. «Hace años, nosotros hicimos presión para extender el Children's Health Insurance Program (CHIP), un programa de seguro médico público en Estados Unidos para niños de familias de bajos ingresos, para que las madres embarazadas pudieran recibir cobertura médica prenatal. Puede parecer insignificante, pero este tipo de iniciativas tienen un impacto inmenso en las madres. La realidad es que en la mayoría de los casos las mujeres no quieren abortar, pero se ven 'forzadas' a ello porque sienten que no tienen otra opción. Nosotros queremos cambiar eso y dar a las mujeres esperanza y respuestas», afirma.

Las encuestas sugieren que la mayoría de los estadounidenses (61%, según Pew Research) cree que el aborto debería ser legal en la mayoría de las circunstancias. A medida que la polarización se intensifica, el futuro del acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo en Estados Unidos dependerá en gran medida de los resultados de estas elecciones. La pregunta sigue siendo si este tema será capaz de inclinar la balanza a favor de los demócratas, quienes han hecho del derecho a estas intervenciones un tema central de su campaña, o si los republicanos lograrán capitalizar la oposición a dicha práctica en sus propias plataformas.