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Diez mil abogados. El Partido Demócrata ha montado un operativo jurídico nunca visto para el 5 de noviembre, con el fin de impedir intimidaciones en ... los colegios electorales, proporcionar seguridad legal a sus votantes y prepararse para combatir una lluvia de impugnaciones tras el cierre de las urnas. El equipo de Kamala Harris está convencido de que los republicanos recurrirán todo lo posible y hasta lo imposible si pierden las presidenciales; por eso han contratado a esos 10.000 letrados especialistas en leyes electorales en bufetes de los cincuenta estados del país.
Su objetivo es intervenir con la máxima celeridad y evitar que el recuento de los comicios se convierta en un festival de litigios. Una situación así amenazaría con retrasar semanas la designación de un vencedor. Un grupo de cuatrocientos juristas de prestigio ha invertido meses creando escenarios con todo tipo de denuncias. Luego, ha confeccionado una batería de argumentos que contraponer a cada queja. La guía de alegatos permitirá a los abogados locales actuar de inmediato ante los tribunales con criterios sólidos.
Donald Trump también se ha preparado para la previsible batalla legal. Como sucede con los demócratas, los republicanos han reclutado a miles de abogados capitaneados por un reducido equipo de asesores de la máxima confianza del magnate, entre los que sobresale David Warrington, quien le representó ante el Congreso en la investigación por el asalto al Capitolio en enero de 2021 y que el pasado julio presentó, sin éxito, la demanda para que Kamala Harris no pudiera aprovechar los fondos de campaña de Joe Biden. El candidato republicano piensa desplegar además a 150.000 voluntarios el próximo martes para controlar los centros electorales.
Todo es bastante inaudito. El frenesí llega a tal extremo que, a día de hoy, los conservadores han presentado al menos cien impugnaciones en distintos estados sin que se haya abierto un solo voto. Muchas de ellas intentan encontrar irregularidades en la emisión de papeletas, detectar problemas de procedimiento o ponen en duda la custodia de los más de 50 millones de votos registrados por anticipado a menos de una semana de los comicios.
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Los asesores de Kamala Harris sostienen que con esta iniciativa su oponente trata de hacer crecer la semilla de un posible fraude electoral. Pero también tiene un componente técnico. El partido pretende no ser objeto de un argumento que los jueces le echaron en cara de forma reiterada hace cuatro años: denunciar presuntos fallos en el proceso electoral solo después de que las papeletas hubieran sido contabilizadas, y además con un resultado desafortunado para su líder. Ahora ha aprendido y trata de hacer suyo el relato de «ya os avisamos» con el adelanto de sus quejas.
En 2020 Trump perdió ante Biden. Entró en cólera y puso la máquina de los litigios en marcha, Su equipo interpuso 60 impugnaciones para revertir el veredicto de las urnas y ninguna salió adelante. Es más, el candidato republicano está imputado por intentar alterar los resultados de aquella jornada en Georgia en un caso que se reactivará después del 5-N.
Georgia vuelve a ser motivo de polémica. Los conservadores han exigido a la Junta Electoral del estado una modificación de las reglas que rigen la jornada de votación, de modo que los empleados de los órganos locales tengan la capacidad de negarse a certificar los comicios si aprecian un indicio de fraude. Los demócratas han recurrido la petición ya que implica desactivar a los tribunales encargados por ley de dirimir estos casos y dejar la posibilidad de anular o retrasar un recuento en manos de particulares.
Estados Unidos es un país dado a los litigios. Y con la presidencia del país en juego, los bufetes afilan los lápices. Si la tabulación de los resultados electorales se encona, pueden buscarse motivos para la impugnación en cualquier rincón del proceso. Desde un colegio que ha cerrado más tarde porque abrió con retraso hasta la queja de un delegado por la metodología que utiliza un funcionario.
Otra cuestión es que el juez lo admita. No son amigos de este juego. Les disgusta que alguien pueda tacharles de partidistas en función de un veredicto y, además, la doctrina general es que unas elecciones deben dirimirse en las urnas, no en los juzgados. Sin embargo, la anulación del recuento en Florida que en el año 2000 permitió la victoria de George Bush sobre Al Gore ha abierto la puerta a muchas fantasías.
El triunfo de Biden hace cuatro años se produjo por un margen de votos no muy elevado, pero sí suficiente. Trump litigó en Arizona y Georgia, donde les separaban 10.000 votos. Los jueces no vieron irregularidades que justificaran tal cantidad de papeletas. Pero en la disputa entre Bush y Gore por los resultados en Florida, a ambos les separaban únicamente 547 votos.
La campaña avanza de manera tan ajustada que los dos partidos prevén que haya condados donde el triunfo se resuelva por un puñado de votos parecido al de Florida en 2000. Dana Remus, la jefa legal de Kamala Harris, afirma que por esa razón será necesario «monitorizar» los comicios y, en especial, a los voluntarios de Trump. Afirma que una respuesta rápida a las impugnaciones contribuirá a frustrar la sensación impuesta de fraude. Porque cambiar el resultado, los expertos afirman que no sucederá por muchos recursos que inunden los juzgados.
A estas alturas, es probable que haya escuchado la frase: «Mejor si gana Trump para que haya paz». Son palabras que no parecen llevar a engaño, a tenor de una encuesta publicada por el diario Washington Post, según la cual la mitad de los estadounidenses no tiene nada claro que la paz se mantenga al día siguiente de las elecciones. El 57% manifiestan su preocupación porque los partidarios del magnate protagonicen actos violentos en caso de que su líder pierda. Porque, según el mismo sondeo, dos de cada tres electores creen que él no será capaz de aceptar una derrota.
El candidato republicano dijo recientemente en Las Vegas que no contempla quedar por detrás de Kamala Harris a no ser que se produzca «un fraude». De ahí surge también el interés del Partido Demócrata de atajar cuanto antes, mediante un batallón de abogados, cualquier posibilidad de admisión de cientos de impugnaciones. Dana Remus, quien ha sido asesora del Gobierno de Biden y ahora dirige el departamento legal de la campaña de Harris, admite que dos de los objetivos del despliegue consisten en no dilatar la designación del presidente e impedir que los recursos no prendan la mecha de los movimientos extremistas que secundan las ideas conspiranoicas del exmandatario republicano. Biden ganó los comicios a finales de 2020 y el 6 de enero de 2021 explotó la revuelta del Capitolio.
El recuerdo de aquella insurrección sigue fresco en la memoria colectiva. Pero pocos expertos creen que se pueda regresar a aquella situación. Las fuerzas de seguridad permanecen ya desplegadas a su alrededor y en los próximos días se reforzará la vigilancia en los centros electorales, el perímetro de la Casa Blanca y los Parlamentos estatales, además de otras sedes y edificios sensibles. El problema está ahora en que la violencia se desvíe a los candidatos, los funcionarios electorales, los líderes locales o los propios centros de votación durante el 5-N.
Según la encuesta, el 45% de la población cree que Trump sería un dictador. Sin embargo, ocho de cada diez opinan que el Congreso, la Corte Suprema o el Estado Mayor se encargarían de bloquear su presidencia en esa situación.
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