El Parlamento de Canarias debatirá hoy viernes si acepta las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y PSOE ante la Ley de Vivienda Vacacional.
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La principal motivación detrás de esta iniciativa legislativa por parte de ambos grupos parlamentarios es el rechazo a la tramitación de la Ley con carácter de urgencia, al considerar que una Ley para la Turismo ha tardado más de 12 meses en elaborar el texto final no se puede aprobar «deprisa y corriendo».
En su enmienda a la totalidad, que consta de 52 páginas, el PSOE destaca que ni el proyecto de ley ni ninguno de los documentos que lo acompañan, aportan «ni un solo dato, ni un solo informe» sobre lo que el Proyecto de Ley considera que es el mayor problema que causa el fenómeno de la vivienda vacacional, que es las dificultades de acceso a la vivienda por una parte importante de la población de las islas.
Según la enmienda del grupo socialista, la Ley simplemente se limita a dar por válida la idea de que si existe gentrificación, turistificación, turismofobia, problemas de movilidad, impacto medioambiental y dificultades de acceso a la vivienda, es porque el 36% de las plazas alojativas ofertadas mediante vivienda vacacional provocan estas distorsiones.
Situaciones que, «por lo que se ve», no vienen provocadas por el 46% de las plazas hoteleras o por el 18% de la oferta que suponen los apartamentos, denuncia el partido en el documento.
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Para el PSOE, aceptar la lógica que los principales retos de Canarias tienen que ser afrontados en su conjunto, sin hacer distinciones, implicaría admitir que son necesarios elementos correctores globales para afrontar esos retos como podría ser la aprobación de un impuesto a las pernoctaciones turísticas, iniciativa que fue propuesta por el grupo socialista el pasado 11 de diciembre de 2024 y fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno.
Ambos partidos defienden que la vivienda vacacional favorece una democratización de los ingresos del turismo
Además, consideran que el proyecto de ley obvia, que uno de los elementos que ha permitido la democratización de los ingresos derivados del turismo es, «precisamente, el fenómeno del alquiler vacacional».
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El PSOE, reclama que «con carácter urgente» el Gobierno debería retirar el proyecto de ley y aprobar un Decreto Ley que contemple la suspensión de forma provisional de la Ley de 2015 que regulaba hasta ahora la vivienda vacacional e incorporar a la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado en conformidad con la Ley Estatal de Vivienda aprobada en 2023.
Defender al pequeño propietario
Por su parte, Vox presenta esta enmienda por entender que esta norma no resuelve el problema de la vivienda en Canarias y solo sirve para «desviar la atención de los problemas reales» citando que la propuesta afecta de una manera fundamental a tantos pequeños propietarios que debe ser una norma «participativa y no formalizarse con prisas y sin consenso».
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Según la formación comandada por Nicasio Galván, El propio Ejecutivo de CC y PP admite que Canarias necesita 7.000 viviendas al año para equilibrar la oferta y la demanda, pero al mismo tiempo rechaza la expansión urbana al no liberalizar el suelo. «Ni construye ni deja construir», perpetuando así el déficit habitacional. (El mayor de toda España, desde 2021 crece un 3% el número de hogares y solo un 0,7% el número de viviendas disponibles), apuntan en un comunicado.
Vox defiende que en lugar de implementar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, el Gobierno prefiere «culpar al pequeño propietario, aquel que con esfuerzo ha adquirido una vivienda y busca rentabilizarla, como demuestran las sanciones a quienes usan sus viviendas como primera o segunda residencia».
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Mientras que otros partidos obtuvieron respuesta a sus escritos de reconsideración de la tramitación urgente, Vox denuncia que el suyo continúa sin ser atendido, lo que demuestra «una clara arbitrariedad, hay que atender todos los recursos por igual», concluyen.
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