– Recientemente se aprobó el decreto por el que se suspenden las multas por residencialización en zona turística. ¿Cómo recibe la PALT esta noticia?
– Con absoluta perplejidad. Cuando leímos el decreto, nos surgió la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede decir que se suspenden las multas y que eso no aparezca en el decreto? Sólo hay que leer el artículo 3 para saber que no se han suspendido las multas. Es un insulto a la inteligencia. Nosotros nos resistimos a creer que esto sea lo que quiere el Gobierno. Decir que con este decreto se suspenden las multas es una manipulación de la opinión pública como no se ha visto en años y además se comen todo lo habido y por haber, por ejemplo la consolidación.
La solicitud de cambio de uso al residencial que trae el decreto implica el reconocimiento de que nuestro uso no era este, por lo que nos están pidiendo que firmemos nuestra rendición, que reconozcamos una infracción que no hemos cometido, una ilegalidad que no reconocemos. Se nos pide que firmemos para que se nos haga discrecionalmente un favor de suspender o no, un procedimiento que no tenías que haberme incoado.
Perdiendo la perspectiva, porque nunca se ha cuestionado los complejos donde no hay explotador. Son aquellos en donde intentas ponerte de parte del explotador que está trabajando en un sitio sin dinero, intentando que la norma caiga encima del propietario, para forzarle a hacer un negocio que no quiere.
– ¿El decreto cierra la puerta a que aquellos propietarios que hayan abonado ya su multa puedan recuperar el dinero, cuál es su primera reacción?
– La primera reacción, la compartimos todos, nos sentimos maltratados por una administración que trabaja en contra de sus administrados, sentimos que se han incoado expedientes sancionadores que no tenían que haberse incoado por una interpretación sesgada que hacen de la Ley 2/2013. Nos niegan 'el pan y la sal', «un apartamento o bungaló no es una vivienda», porque lo dicen ellos, aunque tenga un uso residencial, aunque la escritura de división horizontal diga vivienda y sobre todo, se sienten mal porque sienten que les están echando encima de los propietarios una Ley aplicada con carácter retroactivo provocando inseguridad jurídica y cuestionando la confianza legítima.
Decepción
«Nos sentimos maltratados por una administración que trabaja en contra de los canarios»
La sensación de las personas multadas es que les han tratado con injusticia, de forma caprichosa, y se asombran de que alguien piense que puede darnos o quitarnos derechos a discreción. Están decepcionadas y enfadadas, aunque realmente estamos todos en la misma situación porque las multas no se han paralizado.
– ¿Lo aprobado a principios de semana deroga una disposición de la Ley de 2013 que incluía una expropiación encubierta, cómo afectaba esto a los socios?
– Está bien que deroguen el artículo 24 de la Ley que contenía la figura de la sustitución del propietario, ya que era una vergüenza para todos los canarios, una ley hecha para ir en contra de los canarios. De todas formas, si realmente desearan resolver los problemas de los ciudadanos, lo que tendrían que haber hecho es derogar como mínimo los artículos 5, 23, 24, y 25 aunque la realidad, y viendo que es una ley que no gusta a nadie y no ha servido para nada, podrían con el mismo esfuerzo derogarla.
A veces pienso que el objetivo que buscaba esta Ley 2/2013 es quitar el uso de sus propiedades a los legítimos propietarios, los dueños de los apartamentos y bungalós, esos que regidos por la Ley de la Propiedad Horizontal, han permitido y autorizado que la actividad de alojamiento turístico se pudiera desarrollar con su permiso. La PALT, en su iniciativa legislativa popular, manteníamos la unidad de explotación, no así, con menos porcentaje incluso, pero llegando a acuerdos con todos los propietarios y con un seguro obligatorio que garantizara la calidad del servicio. En la explotación extrahotelera, los requisitos de calidad los pone el turoperador, en el alquiler vacacional lo marca el cliente y, normalmente es mayor.
– Hasta ahora se habla de 3.000 expedientes sancionadores pero hay 16.000 personas en situación de residencialización, ¿qué va a suceder a corto plazo?
– Cuando se produjo la primera multa, nos quedamos en shock. Nos parecía y lo es, algo surrealista, que no entraba en cabeza humana, ¿Cómo se le puede multar a alguien por usar lo que es suyo? Que lo usa para vivir, lo mismo que hace un turista cuando viene a un apartamento, vivir, aunque sea por un periodo más corto de tiempo. Ahora, lo que percibimos por parte de quien instruye las multas es una normalización que seguiremos defendiéndo en la vía administrativa y también en la judicial hasta donde haga falta.
Incredulidad
«¿Cómo se le puede multar a alguien por algo que es suyo? y que usa para vivir al igual que un turista»
Apelamos a la responsabilidad de nuestros regidores, y por supuesto al derecho que tienen las personas a disponer de una vivienda digna, más cuando es suya, y si alguna Ley no te permite respetar esto, cámbiala. Ahora bien, y con el problema habitacional que hay en Canarias, ¿Dónde van a ir a vivir estas personas? ¿Y por qué tienen que marcharse? Porque se han empeñado en especializar el suelo, para así sacar a flote el modelo de «parque temático» que tienen pensado para Canarias, donde dejamos las zonas híbridas del litoral de toda Canarias en manos de unos pocos, los del monopolio de siempre. La pregunta es: ¿Alguien espera que manteniendo el modelo del siglo pasado va a mejorar lo que tenemos?
Decía Einstein, «si quieres obtener resultados distintos, haz cosas distintas». Desde la PALT, queremos un modelo turístico integrador, sostenible en términos económicos, medioambientales y sociales. No queremos guetos, ni tampoco perder nuestra identidad e idiosincrasia.
– ¿Cómo afecta la ley de vivienda vacacional al fenómeno de la residencialización?
– En realidad no sabemos qué hacemos metidos dentro de esta Ley que nada tiene que ver con los que residimos en las zonas híbridas del litoral de Canarias. Nos afecta porque vuelve a repetir los preceptos de la Ley 2/2013, y vuelve a partir del mantra de que lo que nosotros tenemos no es una vivienda, que el suelo es turístico desde que se descubrió el hilo negro, que no se puede vivir y el que lo ha hecho es un ilegal…, todo de la idea errada que tiene el redactor de la Ley, un advenedizo que ha llegado aquí para iluminarnos y llamarnos tontos a todos. Y al parecer lo hemos sido desde 1960, tanto notarios, como registradores, jueces, propietarios, todos los que han escrito y nosotros hemos leído lo que hemos comprado.
La Ley de Vivienda Vacacional trae una clara intención y es expulsar a la población de las zonas híbridas del litoral de toda Canarias, provocando la generación de guetos y de barrios de pobres. Un desplazamiento poblacional en favor de una actividad económica. ¡Insoportable!
–Una gran parte de los afectados son de edad avanzada, ¿cómo consiguen gestionar todo esto?
– Duele y mucho. No hay derecho que personas que llevan cumpliendo con la sociedad toda la vida, nuestros mayores, que llevaron a cabo uno de sus sueños, compartido con gran parte de la población canaria, se vean en el ocaso de sus días con un dolor que no entienden, que les hace perder la salud. Están están con miedo, con ansiedad, subidas de tensión, ¡esto no les deja vivir!.
Sé, que muchas veces con el correr del día a día, se nos escapan situaciones como éstas, pero pedimos a todos los canarios, que sienten nuestra tierra, que no nos abandonemos los unos a los otros, que Canarias es de todos, que no nos pueden condenar a ser pobres y a abandonar nuestros derechos. Hay que conseguir que esta locura acabe y que esta Ley y todas las que vengan que intenten restar el que disfrutemos de nuestra tierra se deroguen.
– ¿Qué le parece que la Fecam busque eliminar la unidad de explotación para que las viviendas vacacionales se den de baja y pasen a actuar como apartamentos sin estar sujetos a la misma regulación?
– La unidad de explotación, es insostenible tal y como ha venido funcionando hasta ahora, no puede ser, que a alguien un sistema le privilegie frente a otros, esto va en contra del libre mercado, de la libre competencia y lo más importante en contra de la protección del consumidor porque le restan oportunidades y también calidad. Creemos en el modelo de convivencia y de compatibilidad de usos, y la Fecam hace bien en intentar buscar soluciones más rentables para los municipios. Las comunidades pueden llegar a acuerdos para compartir gastos entre los que desarrollan una actividad económica en los complejos.
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