Las cuatro patronales de las islas, junto al sindicato UGTy la Federación Sindical del Archipiélago Canario, defienden en peso que todo aquel apartamento con uso turístico que se residencialice en la islas no se destine al alquiler vacacional. Así lo han solicitado a través de un documento trasladado a todos los diputados del Parlamento de Canarias. En su escrito también defienden la unidad de explotación como fórmula de gestionar estos complejos , ya que ha derivado «en un producto turístico de calidad».
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Con este escrito han querido transmitir su apoyo en firme a la disposición adicional sexta de la ley de pisos turísticos, que se debatirá en el Parlamento de Canarias el 14 de marzo, y que ha levantado cierto recelo. La disposición prohibe que se dediquen los inmuebles turísticos que ya están residencializados al alquiler vacacional.
Las patronales defienden que, con esta disposición, se podrá aumentar la oferta de vivienda disponible en las zonas de máxima afluencia turística, que es donde se encuentra un mayor problema a la hora de encontrar viviendas disponibles y asequibles. Esta cuestión podría suponer una ventaja tanto para los trabajadores de los complejos hoteleros como para aquellos que quieran ocupar estos puestos de trabajo en estos enclaves de actividad.
Cabe recordar que en la Ley de Renovación y Modernización Turística 2/2013, se establece que el propietario de un apartamento turístico no es el propietario de una vivienda. Pero muchos de estos inmuebles se han convertido, a lo largo de los años, en residencias, de ahí que se comenzaran a tramitar sanciones que, ahora, han quedado suspendidas hasta que se haga una reforma de las leyes por las que se rige esta cuestión.
Las patronales destacan que la explotación de la vivienda vacacional en las zonas de medianías sí que tienen un «impacto positivo en términos económicos». Sin embargo, en las zonas turísticas esto no provocaría «una mejor distribución de los ingresos del turismo», cuestión que se reclama desde la sociedad canaria. Apuntan que, con el alquiler vacacional, solo se daría una «concentración de los ingresos sobre los propietarios de cada unidad», y se llevaría a la eliminación de «puestos de trabajo».
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En el documento, las patronales y los sindicatos justifican, a través de un informe del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, que los gastos que ofrece la vivienda vacacional son «considerablemente» inferiores respecto a otras modalidades. Según las cifras, el gasto que realizan los turistas que eligen la vivienda vacacional asciende a más de 1.700 millones de euros, mientras que el gasto en el sector extrahotelero tradicional (apartamentos turísticos, casas rurales), se coloca en más de 4.000 millones. El mayor gasto turístico en los apartamentos se alcanza pese a tener una cuota de mercado del 18% frente al 36% que representa la vivienda vacacional.
Por tanto, para las patronales y los sindicatos es una «pésima opción» que se sustituya a los complejos extrahoteleros por las viviendas vacacionales, puesto que uno de los objetivos actuales para el turismo de las islas es «mejorar el nivel de ingresos por turista».
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