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El sector turístico en peso, tanto empresarios, como patronal y expertos, así como administraciones públicas tienen asumido que parte de los complejos turísticos que se han residencializado en los últimos años en las zonas turísticas de las islas -sobre todo en Gran Canaria- cambiarán su uso. Pasarán de ser complejos turísticos a complejos residenciales.
Sin embargo, para evitar que esa residencialización se convierta en un 'subterfugio' para burlar las obligaciones y exigencias que impone la ley turística al fin de explotarlos bajo otra fórmula con menos costes, como es la vivienda vacacional, la ley de pisos turísticos que ha entrado en el Parlamento y se debatirá el próximo 14 de marzo, recoge en su disposición adicional sexta la prohibición expresa de que estas viviendas se puedan arrendar.
«Si se quieren para vivir han de destinarse a vivir. No se pueden destinar a otro uso que no sea ese, ni explotarse turísticamente», indica el vicepresidente de la FEHT, Fernando Estany, que avala el contenido de la ley del vacacional.
El experto en el sector turístico y estudioso de la residencialización, Antonio Garzón, también defiende lo mismo. Según señala, la residencialización no puede derivar en una 'returistificación low cost'. «Nadie quiere vivir en un apartamento de 30 metros. Muchos lo que buscan con la residencialización es explotar esos apartamentos bajo la fórmula de la vivienda vacacional o incluso venderlos a turistas a mayor precio», manifiesta.
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt), Maribé Doreste, critica precisamente la norma del alquiler vacacional que está en el Parlamento porque dice que «valida» la ley 2/2013 de turismo y que obliga al uso turístico de estos inmuebles catalogados con este fin. Solo está autorizado para los que residían antes de enero de 2017. Estos están, sin embargo, en un limbo porque los ayuntamientos aún no han fijado la especialización de usos.
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