La IGAE abre una investigación en el Puerto por supuestos delitos contables y económicos

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha iniciado una investigación en la Autoridad Portuaria de Las Palmas por supuestos delitos contables y económicos contra la masa salarial a raíz de una demanda que fue presentada hace unas semanas por uno de los sindicatos que forma parte del comité de empresa.

Según indican fuentes próximas, miembros de la IGAE se trasladaron el lunes hasta el Puerto y comenzaron a requerir información para aclarar la veracidad de los hechos denunciados, que pasan entre otras cosas por movilidades funcionales dadas a dedo y sin seguir criterios legales. Entre otras cosas, la IGAE ha puesto en marcha una auditoría en el área de Recursos Humanos, cuya jefa es Carmen Gloria Rodríguez, que desde su entrada al puesto en 2017 ha estado varias veces en el punto de mira por supuestos tratos de favor a la hora de colocar a personas en distintos cargos. También tiene sentencias en firme contra ella por acoso laboral y moral en el seno de la Autoridad Portuaria.

La demanda afecta a 50 personas de un total de 250 que integran la plantilla de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y que supuestamente han subido de categoría laboral «a dedo» y sin que se hayan cumplido con los principios de igualdad, mérito y capacidad a los que obliga la ley y que están recogidos en la Constitución Española. Estas movilidades funcionales pueden desarrollarse, según recoge el Estatuto de los Trabajadores, un máximo de seis meses y después hay obligación de convocar la plaza. Sin embargo, hay personas que llevan en esos cargos y cobrando esas movilidades funcionales durante más de cuatro años, superando todos los plazos legales con creces.

Además de estas movilidades funcionales «sin justificación» en la demanda remitida a la IGAE se recogen indemnizaciones «desorbitadas» y abonadas pese a existir sentencias firmes de obligado cumplimiento para «cerrar bocas» de las personas afectadas y desplazar a esas personas de los puestos que ocupaban. Se han contabilizado hasta tres casos de este tipo. Según señalan fuentes próximas, los sindicatos llevaban meses e incluso años denunciando esta situación sin tener respuesta por parte del ente. Ahora, según estas fuentes, es distinto y se ha elevado a la IGAE un detallado informe con nombres, apellidos, cargos y cantidades abonadas «de más» en sus nuevos cargos.

El problema que suscitan estas movilidades funcionales irregulares es que la Autoridad Portuaria no está convocando las plazas mediante promoción interna. Las plazas «se dan a dedo a personas próximas y afines» al ente y se les abonan unos conceptos que son muy superiores a los que son su nómina, según estas fuentes. Estas irregularidades además de incumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad y frenar la promoción interna de los trabajadores que forman parte de la plantilla, van contra la masa salarial de la Autoridad Portuaria al consumir parte de sus fondos.

La demanda no apunta directamente a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ni tampoco al director, Francisco Trujillo, o la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez. Según fuentes próximas, se dirige al organismo en general. Se desconoce cuando podría terminar la IGAE la investigación y dar una respuesta.

Los sindicatos con representación en la Autoridad Portuaria han presentado en los últimos años diversas denuncias sobre la manera «arbitraria» en la que se estaban convocando algunas plazas y la adjudicación, como se ha señalado anteriormente.

Al tiempo han mantenido diversos encuentros con los responsables del organismo para tratar de tomar medidas y evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, como apuntan estas fuentes desde la Autoridad Portuaria no se les ha escuchado ni se ha dialogado de ellos, lo que ha obligado a los sindicatos a ir a la IGAE para denunciar unas irregularidades que consideran «graves». «Es necesario poner fin a estas prácticas irregulares», indican.

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