El Gobierno se plantea aplazar la aprobación del tributo energético ante el bloqueo de la negociación

Porque la realidad era, hasta ahora, pero, además, e ha complicado de forma vertiginosa con el paso de las últimas jornadas. La intención del Ejecutivo pasaba por incluir una enmienda con el nuevo gravamen en el proyecto de ley del impuesto mínimo para las grandes corporaciones. El plazo para hacerlo expiraba la semana pasada, pero se amplió hasta el día 30 para intentar llegar a un pacto. En estos días tanto PNV como Junts, dos de los socios imprescindibles para sacar adelante esta medida, se han opuesto abiertamente a la prórroga del gravamen. Y las empresas afectadas, lideradas por Repsol, han insistido en el impacto que tendría en sus empresas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaba este jueves la «vocación» del Gobierno de dar continuidad a los impuestos a las energéticas y a la banca, pero reconocía que si el Ejecutivo no cuenta con apoyo «suficiente» en el Congreso, no se podrá dar continuidad a estos impuestos como tenía previsto. «Nos parece que es una figura tributaria que cumple muy bien con su función y que incluso también en el conjunto de Europa fue adoptada durante el tiempo de la pandemia. Ahora le queremos dar una mayor continuidad. Ojalá podamos conseguirlo», indicó.

Montero sabe que no las tenía todas consigo después de que Junts, cuyos siete votos en la Cámara baja son imprescindibles, haya vetado la idea de prorrogar ese tributo. El partido presidido por Carles Puigdemont ha mostrado su intención de no apoyar esta medida cuando se lleve a votación en el Congreso de los Diputados. La formación independentista alega ahora que puede ponerse en riesgo el futuro de la planta petroquímica que Repsol tiene en Tarragona, un enclave para la economía catalana. La energética, cuyo consejero es Josu Jon Imaz, «congeladas» las inversiones industriales en España a la espera de que el Ejecutivo clarifique el diseño dL tributo. Y para muestra, la firma ha confirmado esta misma semana la elección de su complejo industrial de Sines, en Portugal, donde invertirá 15 millones en un proyecto de hidrógeno verde. Cepsa ha anunciado que también está «valorando el impacto» porque «tendríamos que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países», apuntan fuentes de la compañía.

La otra pata parlamentaria que falla es la del PNV. Su presidente, Andoni Ortuzar, ha pedido tener «cuidado» con el impuesto porque «no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro». Los nacionalistas vascos insisten en gestionar y recaudar el tributo en la comunidad dentro de su soberanía fiscal, lo que abre otro frente para definir aún más su configuración laberíntica.

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El Gobierno siempre ha mostrado su disposición a «ajustar» el impuesto a la nueva realidad económica ya sin tipos en máximos ni precios energéticos récord como los de 2022, cuando se puso en marcha. Los ministerios implicados siguen trabajando en una configuración que se adapte a la realidad de las energéticas, pero también de la banca, y que permita aunar los necesarios apoyos parlamentarios ante la debilidad de las mayorías.