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La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias de investigación contra el aún presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), Rafael Hernández, por un posible delito de trata con fines de explotación laboral, al haber presuntamente utilizado a diez menores migrantes que estaban en el centro de menores Tagoror -que dirige su hija- para trabajar de forma irregular en su plantación de papas el 20 de junio de 2023.
La denuncia interpuesta por un extrabajador de la Asociación Oportunidades de Vida que también preside Hernández, ha sido analizada por la fiscal jefe Beatriz Sánchez, que ha dado traslado del expediente a la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería, Teseida García, para que incoe diligencias preprocesales. Junto al presidente de COAG-Canarias también serán investigados su hija Elisa Hernández -directora del centro de menores Tagoror-, el marido de ésta Cristian Ruano -encargado de la finca de Hernández-, Manuel Redondo -secretario técnico de COAG- y Cathy Godoy -trabajadora social de la Asociación Oportunidades de Vida-.
Este mismo viernes, de forma paralela al hecho de que la Fiscalía abría una investigación contra Rafael Hernández, éste acudió a una junta ejecutiva ordinaria de la COAG en la capital grancanaria en la que anunció que adelantaba la asamblea regional que tenía que celebrarse en 2025 a este año para dejar su cargo al frente de los agricultores y ganaderos de las islas. Todo ello, según expone un comunicado trasladado a los medios de comunicación, tras haber «valorado la situación que está viviendo en estos momentos la entidad» después de que este periódico informara de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Inspección de Trabajo contra el veterano dirigente.
Hernández, de esta forma, no dimite pero anuncia su adiós al frente de la coordinadora cuando se celebre próximamente la asamblea regional -no dieron fechas- de la que saldrá «la nueva comisión ejecutiva que liderará la entidad a partir de ese momento», finaliza el documento hecho público por la COAG-Canarias.
Fue a primera hora de la mañana cuando Rafael Hernández hizo acto de presencia en el edificio de la Cámara Agraria de Las Palmas donde iba a tener lugar la junta ejecutiva de su organización. A su llegada, atendió a los periodistas en el interior menos a CANARIAS7, alegando que solo se dirigiría a este medio a través de su abogado.
A los demás medios les manifestó nuevamente que los menores migrantes que fueron identificados por la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional estaban en sus tierras realizando un curso, que era todo legal, que uno de los jóvenes tenía 18 años y que no tenia constancia de estar siendo inspeccionado. Insistió en que había «muchas cosas que parece que no son» y repitió que «hay una campaña de desinformación con el objetivo de desprestigiar y todo se irá esclareciendo», en referencia a las publicaciones realizadas por CANARIAS7.
«Hemos mandado un escrito al periódico ya que vemos intencionalidad en desprestigiarme y no voy a seguir con el juego de dar espacio y estirar el chicle. Que publiquen lo que quieran», expuso a los demás periodistas a los que sí les dejó entrar en el edificio.
Sobre el que haya pedido falsificar un expediente a los demás denunciados -como así fue denunciado- para dar apariencia de legalidad al presunto hecho de tener menores trabajando, dijo que «eso no es así y salen publicaciones con informaciones incorrectas porque uno de los niños tenía contrato de trabajo», pero no hizo referencia a los otros nueve restantes.
También alegó que no sabía que existían «los audios» que fueron aportados por el denunciante tanto en Fiscalía como en Inspección de Trabajo y que desconocía si estaban «manipulados». En uno de ellos se le escucha reconocer a Hernández que había construido «un relato» con respecto al presunto expediente falso que crearon.
Acerca de su vínculo con el expresidente Ángel Víctor Torres, admitió que tiene con él «una buena relación como con el resto de autoridades y se pretende usar foto para perjudicarme a mí y a él». Hay que recordar que el denunciante afirmó cuando fue requerido por la Inspección de Trabajo que el empresario se jactaba de llevarse bien con el dirigente socialista, así como con el responsable de Extranjería de la Policía Nacional, por lo que la inspección que le hicieron no iba a quedar en nada.
Sobre el presunto curso que dijo estaban desarrollando los diez menores localizados por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo en su finca de papas, alegó nuevamente Rafael Hernández que «nosotros desarrollamos un programa de formación que llegó a 120 niños de diversos centros para darles formación básica en agricultura e idiomas. Había en algunos casos horas prácticas, en otros no. Cuando llegó la inspección había un monitor con ellos de Agro-Canarias», manifestó, aunque sin dar detalles de si estaban trabajando o no y si aportaron los permisos correspondientes.
En la ejecutiva ordinaria de este viernes, acompañaron a Rafael Hernández el también denunciado Manuel Redondo, secretario técnico de COAG, Miguel Ángel López, responsable insular de Tenerife y coordinador de la provincia de Santa Cruz y Lalo Batista, responsable insular de La Palma.
Minutos después llegó Carmen Quintero, coordinadora de organizaciones de agricultores ganaderos.
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