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El investigado por la Inspección de Trabajo, atendió a los periodistas que lo esperaban en la puerta de la Cámara Agraria de Las Palmas, pero no permitió la entrada a la sede al redactor de este periódico que iba a recoger sus explicaciones sobre el supuesto uso de menores para trabajar de forma irregular en su plantación de papas el 20 de junio de 2023.
A los demás medios les manifestó nuevamente que los menores migrantes que fueron identificados por la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional estaban en sus tierras realizando un curso, que era todo legal, que uno de los jóvenes tenía 18 años y que no tenia constancia de estar siendo inspeccionado.
Insistió en que había «muchas cosas que parece que no son y hay una campaña de desinformación con el objetivo de desprestigiar y todo se irá esclareciendo», en referencia a las publicaciones que ha realizado CANARIAS7.
«Hemos mandado un escrito al periódico ya que vemos intencionalidad en desprestigiarme y no voy a seguir con el juego de dar espacio y estirar el chicle. Que publiquen lo que quieran», alegó a los demás periodistas a los que sí les dejó entrar en el edificio.
Sobre el que haya pedido falsificar un expediente a los demás denunciados -como fue denunciado- para dar apariencia de legalidad a los menores que estaban trabajando, dijo que «eso no es así y salen publicaciones con informaciones incorrectas porque uno de los niños tenía contrato de trabajo», pero no hizo referencia a los otros nueve restantes.
También alegó que no sabía «los audios que existen y si están manipulados». En uno de ellos se le escucha reconocer que había construido «un relato» con respecto al presunto expediente falso que crearon.
Acerca de su vínculo con el expresidente Ángel Víctor Torres, admitió que tiene con él «una relación como con el resto de autoridades y se pretende mezclar foto para perjudicarme a mí y a él».
Por último, acerca del presunto curso que estaban desarrollando con los diez jóvenes localizados por la Policía Nacional en su finca de papas, alegó nuevamente que «nosotros desarrollamos un programa de formación que llegó a 120 niños de diversos centros para darles formación básica en agricultura e idiomas. Todo para que cuando cumplan 18 años, encuentren trabajos. Había en algunos casos horas prácticas, en otros no. Cuando llegó la inspección había un monitor con ellos de Agro-Canarias».
En la ejecutiva ordinaria de este viernes, acompañaron a Rafael Hernández el también denunciado Manuel Redondo, secretario técnico de COAG, Miguel Ángel López, responsable insular de Tenerife y coordinador de la provincia de Santa Cruz y Lalo Batista, responsable insular de La Palma. Minutos después llegó Carmen Quintero, coordinadora de organizaciones de agricultores ganaderos.
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