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El absentismo laboral se está posicionando en los últimos años como una de las mayores lacras para el desarrollo de la economía canaria, tal y como indica la patronal de empresarios de Las Palmas, quien opina que su elevado nivel influye «de forma negativa sobre los costes del tejido productivo y la productividad de nuestra economía».
En 2023, el absentismo laboral en las islas se situó en el 8,1%, el más alto del país y más de 2 puntos por encima de la media nacional. El presidente de la CCE, Pedro Ortega, explicó que para poner un freno a este crecimiento sería beneficioso permitir que «las mutuas puedan intervenir» ya sea en relación a un problema administrativo o una carencia de servicio sanitario, medida que ya han propuesto de la que no han obtenido respuesta alguna.
Durante el pasado año, hubo 56.710 trabajadores en Canarias que no acudieron un solo día a su puesto de trabajo por Incapacidad Temporal de Contingencias Comunes (ITCC), un 73% más que en 2021, lo que derivó en que las empresas asumieran un coste de 556,4 millones de euros.
La directiva de la CCE continuó expresando que es capital que Canarias empiece a reforzar los recursos de la inspección médica ya que las cifras indican que la comunidad dispone de 1.603 médicos de atención primaria y tan solo 21 inspectores médicos en la Unidad de Salud Laboral. A su vez, informó de que la duración media de las bajas para las contigencias comunes está en 40 días, una cantidad «exagerada» para problemas como «gripes, catarros o lumbalgias».
La CCE expresó también su rechazo a la reducción de la jornada laboral al tildarla de ser una «decisión política que va en contra de la competitividad de las empresas y que se ha querido disfrazar bajo el marco del diálogo social». Al mismo tiempo, Ortega señaló que la disminución de jornada supone una «subida encubierta del salario mínimo de un 6%».
Ortega advirtió de que la reducción de la jornada provocará un descenso de la productividad y la competitividad, al tiempo que encarecerá los costes laborales.
A su juicio se trata de una «imposición», más que de un acuerdo al tratarse de un «monólogo social porque no hay acuerdo tripartito sino imposición por una de las partes».
El secretario general de la CCE, José Cristóbal García, añadió que la reducción de jornada afecta en mayor medida al turismo y a la industria, por lo que perderían productividad y competitividad y encarecerían los costes.
A su juicio, estas medidas «no están orientadas a la creación de la economía y al mantenimiento de la sostenibilidad, sino a otras cosas, responden al populismo».
La recaudación tributaria en Canarias cerró 2023 alcanzando un nuevo máximo histórico de 7.266,2 millones de euros, lo que implica un aumento de 390,2 millones de euros respecto a 2022 (5,7%) y 1.630 millones más que en 2019, casi un 29% más. Un incremento que se extrapola a la mayoría de tributos pero especialmente al IGIC. Según Ortega, «en Canarias no necesitamos más impuestos sino gestionar y gastar mejor», apostilló.
Este incremento de la recaudación al 5,7% choca con el inferior avance del PIB al 3,9%, lo cual según relate el informe de la CCE sigue aumentando la presión fiscal que soportan familias y empresas, con una subida de 0,3 décimas respecto a 2022 y en más de 3,5 puntos respecto a 2019.
La ratio entre la recaudación tributaria y el PIB en Canarias se sitúa ya en el 16,1%, sin contabilizar los pagos efectuados a la Seguridad Social, tanto a cargo del trabajador como de las empresas.
En lo que respecta al empleo, las cifras continuaron mostrando un comportamiento al alza durante 2023, propiciado especialmente por la buena marcha del sector turístico.
Se aprecia en los datos que existe un fuerte avance en el colectivo de asalariados en el sector privado donde se crearon 49.500 empleos, todo ello, en contraste con la caída de 16.000 empleos en los trabajadores por cuenta propia y el descenso de 7.800 trabajadores en el sector público.
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