El 80% de los edificios isleños tienen barreras que eliminar pero falta dinero y subvenciones

La aprobación del anteproyecto para reformar las leyes de discapacidad y de dependencia por parte del Gobierno estatal va a tener un alto impacto en las comunidades de propietarios de Canarias, donde el 87% de los edificios de viviendas necesitaría realizar actuaciones de eliminación de las barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad y cumplir con lo dispuesto en la normativa que se pretende aprobar. Con ella, los ascensores y rampas serán obligatorios si los vecinos con discapacidad lo solicitan.

Estas obras civiles tienen un coste muy elevado para las comunidades de propietarios. Según Luis García, presidente del Consejo Canario de Administradores (CCAF), en un edificio de cuatro plantas con seis viviendas, las obras de adaptación tendrían un coste cercano a los 100.000 euros, entre 25.000 y 30.000 euros por planta, entre el coste de la mano de obra y el ascensor, «una barbaridad» para cualquier edificio en su totalidad.

Si bien es cierto que las subvenciones despachadas por las administraciones públicas pueden ayudar a cubrir el 60% de las obras, el gran problema deriva de la «falta de gestión» de estos organismos, que no consiguen hacer llegar ni el 20% de las subvenciones a las fincas de propietarios.

Según García, la Administración tendrá que hacer «mucho para hacerse cargo de que esas subvenciones funcionen, porque hasta ahora no están funcionando. El papel todo lo aguanta pero los resultados no son alentadores», por lo que hemos visto hasta ahora.

Esta situación no se da por una falta de fondos sino por una casi nula utilización de ellos. El presiden del CCAF explica que en muchos de los casos, cuando no se agotan los fondos destinados a las subvenciones en parte, porque el dinero se desvía a la mejora de los inmuebles públicos, gestionados por las administraciones. «Después es fácil decir a la prensa que sí se han dado las subvenciones, pero se las han dado a la pública, a los edificios que gestionan los ayuntamientos, pero no llega a la parte privada.

Según el presidente de la CCAF, la Administración echa en «muchas ocasiones» para atrás las documentaciones presentadas por las comunidades de propietarios, llegando incluso a solicitar en segunda instancia la documentación ya aportada.

Esta es una de las principales quejas de los colegios de administradores de fincas al «frena todas las gestiones en las que pretendemos avanzar».

Otra de las causas que afecta a esa falta de gestión de la documentación es la falta de personal en los organismos públicos. Según García, pese a que las comunidades de propietarios y los administradores de fincas empezaron a trabajar en los fondos Next Generation hace 12 años, mucho antes de llegar las subvenciones a Europa. «Una ves llegaron, nos tropezamos con una administración incapaz de gestionarlos. No es una cuestión de partidos políticos, hablamos de que cantidades de más de 150 millones de euros se estaban gestionando por seis o siete personas nada más. Cualquier persona que esté acostumbrada a gestionar las comunidades de propietarios o cualquier empresa sabe que eso es imposible».

Para agilizar este proceso de entrega de subvenciones, García señala que hay que apoyarse en los colegios profesionales, no solo en los de fincas, sino también en otros como el Colegio Oficial de Economistas, el cuál está dotado de una gran capacidad para saber cómo gestionar ese dinero además de una gran formación y mucha experiencia al respecto, «lo que funciona no es necesario reinventarlo», apuntó García.

Pese a no tener cuantificado el número de personas a los que les afectan las barreras arquitectónicas, García admite que a su organización le llegan «muchos más casos de los que la gente se pueda pensar». Para más inri, en la mayoría de comunidades los afectados no consiguen tener la cuota suficiente de vecinos que apoyen estas reformas, ya que estas elevan la cuota y las derramas de la comunidad, forzando a muchas personas a trasladarse a residencias en contra de su voluntad.

Por ello, García considera que es necesaria hacer una labor de «concienciación» para que la población vea que es «totalmente necesario» realizar estas actuaciones para eliminar las barreras.

García informa que prácticamente ninguno de los edificios construidos antes del siglo 21 es completamente accesible en Canarias y que los que no se hayan adaptado con la anterior ley universal, «no les quedará más remedio» con este nuevo Proyecto de Ley impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, la cual, a través de cambios en la ley de propiedad horizontal hará obligatoria las reformas de accesibilidad en los edificios.

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