La Audiencia de Cuentas auditará los últimos siete años de la Sociedad de Promoción

La comisión parlamentaria reunida en la mañana de este lunes aprobó por unanimidad que la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) audite los ejercicios correspondientes entre 2016 y 2023 de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se encuentra en el ojo del huracán por arrastrar un déficit que ronda los cuatro millones de euros, una deuda a proveedores cercana a los ocho millones y una denuncia presentada por el Partido Popular (PP) en la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Esta denuncia, que está pendiente de ser admitida a trámite ya que se presentó el pasado 14 de junio, ponía en la diana a la actual alcaldesa, Carolina Darias, y a las dos últimas presidentas de la Sociedad de Promoción, Encarna Galván -ejerció ese cargo en el pasado mandato y hoy es asesora de Augusto Hidalgo en el Cabildo- e Inmaculada Medina.

La Audiencia de Cuentas de Canarias «es una institución creada en 1989 por el Parlamento de Canarias para asistirlo técnicamente en el ejercicio de control del sector público canario y aunque depende orgánicamente del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y de gestión presupuestaria», según explica la propia institución en su página web. Se especifica también que «sus objetivos son garantizar la integridad de la información financiera de las administraciones públicas y emitir opinión sobre la racionalidad del uso de los recursos públicos».

La comisión parlamentaria impulsó esta investigación de la Sociedad de Promoción del consistorio de la capital grancanaria tras una votación en la que esta iniciativa presentada por el PP recibió 15 votos a favor y ninguno en contra.

A petición de la propia Audiencia de Cuentas de Canarias, tal y como informó el parlamentario popular Carlos Ester que a su vez presidía la comisión, la fiscalización de la Sociedad de Promoción se estructurará en tres partes que contarán con sus respectivos informes. El primero versará en torno a la gestión desarrollada entre 2016 y 2019, el segundo entre 2020 y 2021 y el último entre 2022 y 2023.

Carlos Ester definió la situación de esta sociedad pública que gestiona las principales fiestas de Las Palmas de Gran Canaria -el carnaval y las Fundacionales- y gran parte de su actividad cultural como «un escándalo», ya que se han detectado, dijo, «hechos que entendemos que tienen que ser fiscalizados por un órgano totalmente neutro como es la Audiencia de Cuentas».

En su intervención previa a la votación, Carlos Ester subrayó que «esta petición no es nueva, se presentó ante esta misma comisión en 2021», pero en aquella ocasión, recordó, «las mayorías parlamentarias anteriores, con el Partido Socialista Canario, Nueva Canarias y Podemos, la echaron abajo».

«Nuestras sospechas se han confirmado en los últimos años con una serie de datos que se han publicado y que nos hacen pedir esta auditoría, porque ha habido muchos contratos menores y negociados sin publicidad. Se ha detectado en un solo día de 2023, ya con la actual alcaldesa [alude a Carolina Darias], la adjudicación de 23 contratos menores por esta vía. En 2022, el 82% de los contratos firmados por la Sociedad de Promoción fue de manera directa por esta vía. En 2023 fueron 3.900 contratos menores adjudicados como se dice coloquialmente a dedo», denunció Carlos Ester.

A diferencia de lo sucedido en 2021, los representantes del Partido Socialista Canario y de Nueva Canarias apoyaron la iniciativa popular de esta nueva fiscalización de las cuentas y la gestión de los últimos siete años de la Sociedad de Promoción. Eso sí, desde la bancada socialista se echó en falta que «no se abarque también la legislatura anterior, cuando gobernaba en la ciudad del grupo popular».

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