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Una pareja de la Policía Local ha puesto en conocimiento de sus superiores una serie de deficiencias graves en la implementación de las medidas de seguridad antiterroristas, nivel 4, durante la primera fase del concurso de murgas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
En concreto, los agentes detallaron que «las áreas designadas por donde pueden acceder vehículos presentan un vallado inadecuado o insuficiente, permitiendo el posible acceso no controlado de vehículos no autorizados», a lo que hay que añadir que se produjo una «ausencia de agentes de la autoridad en dichos puntos, dificultando la realización de un control efectivo de la seguridad del evento, representando un riego significativo» para los asistentes.
Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que las medidas antiterroristas que se dispusieron fueron las que solicitó el Cuerpo Nacional de Policía. «La Policía Nacional es la que tiene la competencia en la materia y las medidas que están puestas son las que establece la Policía Nacional. Son recomendaciones que nosotros incorporamos como obligación», expusieron fuentes del Consistorio capitalino.
El gobierno municipal detalló que hay medidas ligeras, «que tienen que ser permeables para que puedan pasar los servicios de emergencias como un macetero, una valla o similar; y por otro lado hay medidas pesadas, con vehículos de alto tonelaje, de acuerdo al informe de la Policía Nacional que es el competente en la materia».
Sin embargo, los agentes denuncian que en esos puntos debía haber policías y no los había. Señalan que en todos los cruces de posible acceso al evento menos uno, en el que había un camión, «había exclusivamente vallas abandonadas, sin ningún tipo de parapeto».
Respecto al camión, el conductor explicó a los policías que tenía autorización verbal de la Policía Nacional para ello, si bien carecía de autorización escrita. Por ese motivo, los agentes le ordenaron que lo retirara, a lo que se negó el conductor. Por eso, fue denunciado por estacionar en zona peatonal y por no obedecer las órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. Cada una conlleva aparejada una multa de 200 euros.
Esta es la segunda incidencia relacionada con la seguridad en el marco del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La primera fue el sábado pasado, cuando se produjeron incidentes en el acceso al parque de Santa Catalina después de que se hubiera cubierto todo el aforo.
Los sindicatos policiales, que están en conflicto laboral por la falta de medios materiales y humanos, así como por el retraso en el pago de las horas extras, entienden que estos problemas se están sucediendo por la falta de agentes.
Hay que recordar que, como medida de presión, los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria no están reforzando los turnos y se están negando a realizar más horas extraordinarias, con lo que el número de efectivos disponibles en la Policía Local resulta insuficiente para atender actos multitudinarios.
Por eso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está recurriendo a la contratación de seguridad privada y al refuerzo de la colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía.
Este martes, el secretario general de la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB), Víctor García, expresó en la emisora Cope que «este tipo de eventos no se está haciendo con todas las garantías», pese a lo que diga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
«Los planes antiterrorista obligan a que haya una serie de parapetos y se ha visto que donde tiene que haber agentes de la autoridad no los había y donde tiene que haber un parapeto hay una simple valla», prosiguió García, «nos estamos planteando denunciar esta situación a la Delegación del Gobierno porque tienen responsabilidad en esto y deben inspeccionarlo, y si esto continúa, ponerlo en manos de la Fiscalía como un posible delito de imprudencia».
No es la primera vez que desde la Policía Local se levanta la voz contra la implantación de las medidas de seguridad antiterrorista en torno al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que recordar que unos informes negativos sobre la seguridad de la cabalgata de 2019 por parte del anterior jefe de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, terminó con su cese. Su remoción fue declarada nula por la Justicia.
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