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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está preparando en estos momentos la respuesta administrativa a la reclamación realizada por tres comunidades de propietarios y 45 vecinos de las zonas Puerto, Santa Catalina y La Isleta para que no se celebre el carnaval en el corredor comprendido entre el parque y la plaza de Manuel Becerra a través de la calle Eduardo Benot.
Aunque no se puede adelantar el sentido de la respuesta, la lógica indica que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechazará las peticiones vecinales porque la maquinaria del carnaval ya está engranada y en marcha. La desestimación de las propuestas abrirá las puertas a la presentación de una demanda colectiva por parte de los vecinos que defienden que la celebración de las carnestolendas les perjudica y afecta a algunos de sus derechos fundamentales, como los de la vida y la integridad física oral, la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar.
Pese a esta discrepancia, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria está convencida de que la ciudad puede llegar a un acuerdo para conjugar la tradición del carnaval y el derecho al descanso de los vecinos que se dicen perjudicados por la celebración.
«El Ayuntamiento está tomando y va a seguir tomando todas las medidas necesarias para hacer compatible el derecho a la fiesta de una ciudad y también, en su caso, los derechos que puedan tener los vecinos», expuso, «pero lo que está claro es que el carnaval de las Palmas Gran Canaria se tiene que celebrar en la ciudad y yo, en otro sitio que no sea tierra, no lo puedo hacer. Creo que hay que intentar conciliar en la medida que se pueda».
Los vecinos que han ido ganando batallas al carnaval (Santa Catalina en 2015 y Vegueta en 2023) no se oponen a la celebración de la fiesta, pero demandan que se busque un emplazamiento que finalmente permita el desarrollo de las celebraciones sin que afecte a sus condiciones de vida. De hecho, en la última reclamación presentada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los vecinos piden el traslado de la fiesta «a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos dada su incompatibilidad con los usos propios del carácter residencial del entorno».
En esta tesitura, Carolina Darias defiende el diálogo con los vecinos para llegar a acuerdos, pero desde la convicción de que la fiesta se va a mantener. «Ese es el espíritu de entendimiento que tiene el Ayuntamiento de las Palmas Gran Canaria para preservar también lo que es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, que, además, significa un importante volumen de negocio que significa para una economía urbana».
La regidora socialista aseguró que se está cumpliendo con los requisitos que permiten celebrar la fiesta. «Esperemos que entiendan que estamos haciendo lo que nos corresponde», expuso.
En este sentido, defendió que las medidas limitadoras del ruido que se ponen práctica son «las que dicen los técnicos».
En esto discrepan los vecinos afectados. En su reclamación aseguran que «los datos contradicen las reiteradas declaraciones de la concejala de Carnaval (Inmaculada Medina) que afirma cumplir, año tras año, todos y cada uno de los límites acústicos y medidas de seguridad».
Darias recordó la propuesta que se inició en el Parlamento de Canarias para instar a la protección de este tipo de fiestas «porque significa un reclamo importante para las ciudades y, de hecho, significa un marchamo, digamos, un sello de calidad, de excelencia, que tienen muy pocas ciudades en este país, especialmente en materia de carnaval».
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