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El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se encamina, otro año más, a los juzgados. Un grupo compuesto por 45 vecinos y dos comunidades de propietarios (con otras 52 viviendas) de una veintena de calles de la zona Puerto-Santa Catalina-La Isleta ha presentado una reclamación contra el Ayuntamiento por la que solicitan que no se autorice la celebración de la fiesta en el espacio comprendido entre el parque de Santa Catalina, la plaza de Canarias (intercambiador) y la plaza de Manuel Becerra. La petición incluye tanto a los carnavales de este año como a los del futuro por la afección a sus derechos fundamentales, en concreto los de la vida y la integridad física y moral, la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, «a los que coloquialmente se alude como derecho al descanso».
Los afectados recuerdan que el ocio no es un derecho fundamental, ni siquiera cuando el carnaval tenga la condición de fiesta de interés turístico. Y reclaman al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que «traslade (el carnaval) fuera de dichas zonas, a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos dada su incompatibilidad con los usos propios del carácter residencial del entorno».
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De hecho, aseguran que los actos se han programado en un suelo urbano consolidado, de uso predominante residencial, sin que se haya realizado ningún estudio de impacto ambiental.
Los vecinos centran su reclamación en los mogollones que se celebrarán entre Eduardo Benot y Manuel Becerra; los conciertos que se celebren en el parque de Santa Catalina y su zona trasera, tanto de día como de noche; y la feria de atracciones del Refugio. Se excluyen del litigio las galas, los concursos, los desfiles y las cabalgatas.
La imposibilidad de limitar las molestias que impone la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, tanto de día como de noche, impulsa este requerimiento ciudadano que se dirige al Ayuntamiento para que tutele los derechos fundamentales de los afectados; para que «evite la producción de ruidos e inmisiones y vibraciones, contaminación lumínica, afecciones de movilidad, accesibilidad y seguridad»; para que cumpla la normativa vigente sobre control de ruidos; y para que impida la «aglomeración de personas en las inmediaciones de los edificios -de los reclamantes-, así como el botellón» y otras molestias como orines, vómitos, suciedad, cierre de calles, consumo de drogas o problemas de seguridad.
«Los residentes reclamantes son vecinos de distintas profesiones, algunos con trabajos a turnos que precisan descanso diurno, y distintas edades, entre los que hay enfermos, ancianos, niños o simplemente personas que desean hacer un uso normal de su vivienda tanto de día como de noche, como es legítimo, así como poder descansar», recoge la reclamación, «todos ellos se verán afectados en sus derechos fundamentales a la intimidad personal e inviolabilidad del domicilio y a su derecho a ser dejados en paz durante la celebración de los actos del carnaval».
El requerimiento vecinal, que siempre es el paso previo a la presentación de una demanda, se dirige al Ayuntamiento y a la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y personalmente a la alcaldesa, Carolina Darias, y a la concejala del Carnaval, Inmaculada Medina. Los vecinos les reclaman una indemnización individual de 2.000 euros al día en concepto de daños morales, así como los daños personales y materiales que se causen en 2025 y los que se sigan ocasionando hasta el efectivo cese de la actividad.
La misma cantidad se fija para cada una de las 52 viviendas de las dos comunidades de propietarios que se han sumado a la reclamación que acaba de presentarse ante el Ayuntamiento.
La reclamación va haciendo un recorrido por las diferentes zonas. Así, en el caso de Eduardo Benot-La Luz-Manuel Becerra se constata la proximidad de los ventorrillos a los edificios de los reclamantes. En este punto se señala la reincidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto a la plaza de Nuestra Señora de La Luz y de Manuel Becerra donde se ha hecho «caso omiso» a las reclamaciones vecinales efectuadas en carnavales anteriores.
En el caso de la plaza de Canarias y el parque de Santa Catalina, los conciertos diurnos son los que preocupan a los vecinos. «Se pretende trasladar a esta zona el ruido que se venía produciendo en horario nocturno al diurno, contaminando acústicamente la zona residencia, pues se trata de diez horas seguidas de música», se recoge.
Respecto a la feria de atracciones, se advierte no solo del ruido sino de la contaminación lumínica que afectará a las viviendas, algunas situadas a menos de veinte metros de las atracciones.
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