Siglo XXI alquiló los inmuebles de los centros Acorán y Guiniguada al mismo administrador

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI utilizó al mismo administrador para alquilar los inmuebles de los centros para menores no acompañados Acorán –en Tafira– y Guiniguada –en Vegueta–.

Según la investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el primero de los casos hubo una presunta «facturación sobredimensionada» al abonar por un año y nueve meses de renta la cantidad de 605.000 euros, mientras que en la casa de la calle La Pelota, los investigadores ni siquiera recibieron los contratos con los costes del inmueble y que fueron abonados con dinero público.

Según ha podido saber este periódico, la fundación que está siendo investigada en el marco del caso Menas por los delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos, utilizó a la misma persona para ejecutar estos dos contratos de alquiler, aunque representaba a dos sociedades diferentes.

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En concreto y según consta en la querella que dio lugar a este procedimiento, el inmueble situado en la carretera de Marzagán y que, según las inspecciones llevadas a cabo en su interior, se encontraba en «deficitario estado», estaba siendo gestionado por la mercantil Pine Point SL. Mientras, el edificio de Vegueta en el que residía un considerable número de menores en estado de «hacinamiento» y con un «aspecto tétrico y carcelario», según la Fiscalía de Menores, era administrado por la sociedad Competencia y Precisión Empresarial SL.

Curiosamente, en ambas empresas figuraba en el momento de los hechos como administrador la misma persona y que responde a las siglas José Manuel A.F. Este doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y que no figura en el procedimiento, fue el que –a juicio de Anticorrupción– gestionó con Siglo XXI los cobros de los alquileres de las dos casas. Unos contratos que la ONG sufragaba con los fondos millonarios que le transfería la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

En el caso del centro Acorán, la querella interpuesta por la Fiscalía detalla que la fundación pagó 605.000 euros por el alquiler durante un año, nueve meses y 18 días. Pero, sin embargo, en vez de esa cantidad, en la contabilidad bancaria de Pine Point SL solo figuraban pagos por 99.315 euros «en concepto de cesión de la vivienda». En este escenario, el fiscal quiere conocer mediante una auditoría el paradero de los 505.685 euros restantes.

Por su parte, en lo que se refiere al centro Guiniguada, la Fiscalía de Menores solicitó a Siglo XXI los contratos suscritos con Competencia y Precisión Empresarial SL para valorar el coste del alquiler. La sorpresa se la llevaron cuando la directora del centro les facilitó un contrato de fecha de 18 de enero de 2021 suscrito entre el arrendador y la ONG y en el mismo no figuraba «el importe de la renta ni la fianza», describe el Ministerio Público. En ambas cláusulas constaba la leyenda «XXXXXXXX».

Este «inexplicable» documento, a juicio de la inspección, «sería nulo» y, a pesar de «recordar a la directora que llamase al gerente» para que les facilitara «el dato de la renta, ésta se limitó a manifestar que le iba a mandar el contrato y que ya nos lo haría llegar el resto de la documentación solicitada». Sin embargo, el acta determina que estas cantidades aún «no han sido aportadas».

Anticorrupción sigue sin conocer aún el montante de lo que pagó la fundación investigada.

Por este motivo y para esclarecer las posibles responsabilidades penales que podrían existir en esta presunta «facturación sobredimensionada», el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado, a instancias del fiscal, que se lleven a cabo varias diligencias.

Por una parte, que «se concluya la investigación respecto de Pine Point SL», por un presunto «desvío fraudulento de fondos públicos hacia una mercantil de naturaleza privada».

También, que se dirija oficio a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias «al efecto de que se aporte el contrato original de arrendamiento» del inmueble donde está el centro Guiniguada «celebrado entre Rafael Bautista González –representante de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI– y la empresa Competencia y Precisión Empresarial SL». Sobre esta mercantil, también ha interesado que la entidad Bankia les facilite «toda la información existente respecto a extractos de movimientos con identificación de intervinientes» de las cuentas que tiene desde el 18 de enero de 2021 hasta la actualidad.

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Todo ello con el objeto de depurar las cantidades concretas abonadas con dinero público desde la fundación a las sociedades gestionadas por José Manuel A.F. por los alquileres de los dos inmuebles y cotejar si se ajustaban a los precios de mercado o, como así sospecha Anticorrupción de manera indiciaria, hubo una «facturación sobredimensionada». También tratará de esclarecer la relación personal existente entre los responsables de la fundación y el arrendador.