La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Menas que investigue a la sociedad propietaria del inmueble donde está situado el centro para menores no acompañados Acorán, en el barrio de Tafira. Las diligencias irán encaminadas a esclarecer si, como entiende el fiscal, hubo una «facturación sobredimensionada» de 505.685 euros por el alquiler de la casa.
La investigación previa comprobó que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI –que gestionaba el centro– pagó con dinero público a la propietaria del inmueble –la mercantil Pine Point SL– 605.000 euros en concepto de alquiler de una casa en «deficitario estado» durante un año, nueve meses y 18 días.
Sin embargo, en vez de esos 605.000 euros, en la contabilidad bancaria solo figuraban pagos por 99.315 euros «en concepto de cesión de la vivienda». En este escenario, el fiscal quiere conocer el paradero de los 505.685 euros restantes.
Siglo XXI pagó por el alquiler «un notorio sobreprecio, «seis veces más de lo que le cuesta a la mercantil su disposición»
Según el fiscal
Según la querella de Anticorrupción, la fundación investigada pagó con dinero público un alquiler «obsceno» de 35.000 euros al mes por la renta del edificio de Tafira que albergaba el centro. Un montante que hubiese dado para comprar la propiedad: «Sale más rentable», describió el fiscal Javier Ródenas.
Entre otras diligencias, Anticorrupción ha interesado al magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria encargado del caso que se «concluya la investigación respecto de Pine Point SL» por la existencia de indicios del «desvío fraudulento de fondos públicos hacia una mercantil de naturaleza privada» en los contratos de alquiler que firmaron «para el desarrollo del servicio adjudicado de centros de menores extranjeros».
El análisis efectuado por los agentes del Grupo I de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de los contratos suscritos entre Siglo XXI y Pine Point SL, según la tesis de la Fiscalía, arroja más sombras que luces.
Por una parte, detalla que el precio mensual que abonaban de 35.000 euros estaba totalmente alejado de lo que pagaban por alquileres otras ONG dedicabas a la misma actividad en las islas.
Describe el fiscal que esta cantidad no podía ser «comparada con otros centros situados en dicho entorno, con mucha más superficie y muchas mejores instalaciones» y que llegaban a abonar «entre 5.000 y 6.000 euros», según pudieron comprobar en las diferentes visitas de inspección que realizaron.
Al analizar las cuentas de Pine Point SL, los agentes detectaron que desde el 2 de junio de 2021 al 20 de marzo de 2023, es decir, en un año, nueve meses y 18 días, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI transfirió un total de 605.000 euros al propietario de la vivienda situada en carretera de Marzagán por su alquiler.
Pero también hallaron en las cuentas inspeccionadas «abonos en concepto de cesión de esta vivienda, es decir, el pago a los propietarios de la misma, de 99.315 euros».
Esto, a juicio de Anticorrupción, quiere decir que «existen indicios» de que la diferencia existente entre lo que Pine Point SL le cobró a la fundación por el alquiler y lo que esta mercantil pagó a sus propietarios ascendió a 505.685 euros. Supone, sostiene la querella, que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI estaría pagando por el alquiler de esta propiedad, «un notorio sobreprecio, seis veces más de lo que le cuesta a la mercantil su disposición», determina.
Serrano dije que se fiscalizó y hubo control pese a los informes negativos
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, manifestó a los micrófonos del programa De la noche al día, de Canarias Radio, que se había «fiscalizado» y hubo «control» en la gestión de los cinco centros para menores no acompañados gestionados en las islas por la Fundación Respuesta SocialSiglo XXI. Todo ello a pesar de la existencia de cinco informes negativos realizados hasta por cuatro estamentos diferentes de estos espacios.
Serrano manifestó a preguntas del periodista Miguel Ángel Daswani que estaba «igual de sorprendida por todo lo que se está publicando estos días», pese a que su organismo era conocedor de la investigación y añadió que «desde esta consejería mantendremos toda la colaboración con la Fiscalía como hemos hecho hasta ahora».
«Si realmente ha sido así, es un escándalo, por lo que la Justicia tiene que seguir su curso y que esto se aclare. En el caso de que no sea así, que alguien en algún momento pueda entonar el mea culpa porque a veces se hace muchísimo daño y no se repara», expuso. «En ocasiones detectamos cosas que eran más que mejorables, de esta y otras entidades», manifestó. «Pagamos 95 euros por menor porque entendíamos que con esa cantidad podían hacer frente a los gastos totales para su cuidado. Si la entidad ha malversado, que lo pague ante la Justicia, pero la función de la Comunidad Autónoma es fiscalizar que se paga el dinero por el número de plazas que hay. En cualquier caso, el Servicio de Gestión y Planificación de esta dirección general es el encargado de constatar que el gasto va destinado al bienestar de los chicos. La fiscalización le corresponde a ellos».
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