El pasado siempre vuelve: 10 preguntas que esperan respuesta

La tesis de la defensa de los partidos que integraban el Pacto de las Flores ante la conexión canaria del nuevo caso de presunta corrupción en la compra de material sanitario en la pandemia se resume en el siguiente párrafo: «Este ejercicio de contextualización resulta obligado de acuerdo con la doctrina jurisprudencial sobre la prohibición de regreso lógico, conforme a lo cual no procede realizar valoración desde acontecimientos posteriores desconocidos en el momento de la conducta desencadenante del año, siendo obligado situarse en el tiempo de los hechos».

La frase encaja como un guante de seda en las manos de Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias y ahora ministro, y en las de Antonio Olivera, en marzo de 2020 director del Servicio Canario de Salud y ahora jefe de gabinete del político grancanario.

Pero no es una frase de ninguno de los dos, si bien ambos le dieron en su día el visto bueno, al igual que lo hicieron también Blas Trujillo, que fue consejero de Sanidad, y Julio Pérez, que había ocupado de manera transitoria también la cartera sanitaria y fue entre 2019 y 2023, en su condición de consejero de Presidencia y abogado, el encargado de supervisar la estrategia jurídica del Gobierno.

El párrafo llevó la firma de Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022. Fue incluida en las alegaciones presentadas por su departamento a la propuesta de informe que hizo la Audiencia de Canarias tras fiscalizar las contrataciones sanitarias en el estallido de la pandemia.

Ese argumento fue empleado para defender los controvertidos contratos del Servicio Canario de Salud con una empresa sin experiencia en el ámbito sanitario, elegida de manera discrecional y con encargos que superaban los dos millones de euros. La empresa es Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, en el epicentro de la presunta trama de corrupción que tiene como uno de sus participantes a Koldo García, que fue asesor del ministro José Luis Ábalos.

Tras recibir las alegaciones, la Audiencia de Cuentas las incluyó en la documentación del preinforme pero no corrigió lo esencial de su dictamen: siguió considerando que los contratos con la citada empresa podían ser «nulos de pleno derecho», rechazó que la excepcionalidad del momento justificase los procedimientos elegidos y la falta de garantías. En ese informe también se vio indicios de irregularidad contable en el contrato con la empresa RR7, igualmente sin experiencia sanitaria, y a la que se entregaron 4 millones de euros para la compra de un millón de mascarillas.

A diferencia de esta última, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas sí entregó el material, pero no con la calidad prometida en una de las partidas. Conrado Domínguez y Blas Trujillo estaban al frente de Sanidad cuando se decidió dar una segunda oportunidad a la empresa, no se rescindió el contrato y se aceptó como compensación una cantidad adicional de mascarillas. La empresa recibió el dinero pactado y ahora el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno calcula que la compañía se movió con un margen de beneficio del 32% sobre los fondos públicos que recibía por los encargos, muy lejos de la lógica empresarial y de la media en el sector sanitario (incluso en tiempos de pandemia).

Lo que sucedió entonces con el preinforme de la Audiencia de Cuentas se vuelve ahora en contra del Pacto de las Flores. En su día, el Gobierno de Torres presentó como una victoria que el pleno de la Audiencia, en una decisión sin precedentes, rechazara el preinforme. No se encargó otro y se extendió un manto de silencio sobre aquellos contratos.

El estallido del caso de las mascarillas que tiene como epicentro a Koldo García y a José Luis Ábalos en la picota en la escena política reaviva aquel episodio. Y con él los otros muchos interrogantes que en su día el Gobierno de Torres no quiso responder. Son como fantasmas que resucitan y enturbian el sueño del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, de su jefe de gabinete, de los consejeros y directores del SCS que hubo entre 2020 y 2022 y de quienes dieron instrucciones a los consejeros de la Audiencia de Cuentas para lograr el 3-2 que tumbó el preinforme.

Si en los contratos entre Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas y el Servicio Canario de Salud hubo o no irregularidades es algo que determinará la investigación judicial. A día de hoy, no hay investigados en Canarias, pero eso no quita para que haya una duda más que razonable en el ámbito político: ¿se contribuyó con dinero de Canarias al presunto pelotazo de Koldo García y quienes giraban alrededor de la empresa? Y si no se tomó cautela alguna con esa empresa, ¿fue porque venía recomendada o impuesta por el entonces muy influyente José Luis Ábalos?

A modo de resumen, se pueden destacar estas diez preguntas de aquel pasado que ahora vuelve:

1.- ¿Quiénes integraban aquel comité de gestión de la crisis sanitaria y por qué no se quiso desvelar el listado de integrantes?

2.- ¿Quién o quiénes eran los encargados de los contratos en ese comité de gestión?

3.- ¿El cese de Teresa Cruz como consejera y de Blanca Méndez como directora del SCS en pleno inicio de la pandemia tuvo alguna relación con los contratos por vía de emergencia que empezaron a hacerse?

4.- ¿Quién llamó desde el Ministerio de Transportes a recomendar que se cerrase un primer contrato con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas? ¿Fue Ábalos o fue Koldo García? ¿Quién recibió la llamada y quién trasladó la orden al Servicio Canario de Salud?

5.- ¿Puso Alberto Pazos reparos a algunos de aquellos contratos en su breve etapa como director del Servicio Canario de Salud?

6.- ¿Por qué se dio otra oportunidad a la empresa tras detectarse que había enviado una partida de mascarillas que no se ajustaba al contrato? ¿Y por qué no se fue igual de igual de inflexible que con otras empresas que también incumplieron?

7.- ¿Se movieron los partidos del pacto ante la Audiencia para frenar el preinforme por lo que decía sobre el contrato con RR7 o por estimar de nulo de pleno derecho el de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas?

8.- ¿Por qué se negaron los partidos del Pacto de las Flores a la creación en el Parlamento de una comisión de investigación sobre el caso de las mascarillas y otras contrataciones?

9.- ¿Por qué el Gobierno de Torres no ordenó, a través de los servicios jurídicos y de inspección, revisar los expedientes de los contratos en que habían intervenido Conrado Domínguez y Ana María Pérez una vez que ambos aparecieron como investigados en el caso Mascarillas?

10.- ¿Por qué se mantuvo a Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud cinco meses desde que se conoció la querella de la Fiscalía Anticorrupción?

Ahora que el Parlamento ha retomado su actividad, los partidos que entonces extendieron aquel manto de silencio tienen una excelente oportunidad para demostrar que, como dijeron, no había nada que ocultar pero, sobre todo, para dejar constancia de su ánimo de poner luz donde solo pusieron oscuridad.

• Temas
• Audiencia Nacional
• Servicio Canario de Salud
• Conrado Domínguez
• Ángel Víctor Torres