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La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, investigada como pieza central de un caso de presunta corrupción que alcanza a un exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, tuvo «un beneficio en torno a un 32% de los fondos obtenidos».
Así se recoge en el auto con fecha de 22 de febrero de este año del Juzgado Central de Instrucción número 2, que dirige la investigación que derivó en la detención, entre otros, de Koldo García, durante años asesor personal de Ábalos y colocado por este en diferentes puentes en la administración del Estado.
Esa empresa recibió varios contratos del Gobierno de Canarias en la etapa del Pacto de las Flores. El Servicio Canario de Salud la utilizó para la adquisición de material sanitario, en concreto mascarillas.
En una de esas compras, Sanidad detectó que parte del material no se ajustaba a lo especificado en el contrato, pero en lugar de rescindir el mismo, el Servicio Canario de Salud le dio una segunda oportunidad. Dirigía entonces el SCS Conrado Domínguez, con Blas Trujillo como consejero.
En el citado auto se mencionan los contratos analizados en el marco de la investigación. La relación incluye los que hizo la Sanidad Canaria: uno de 2,09 millones de euros para el suministro de mascarillas; otro de 447.061 euros para fletes aéreos; un tercero de 4,7 millones también para mascarillas, y otro de 5 millones de euros igualmente para suministrar 2 millones de mascarillas KN95.
También aparecen mencionados contratos con la Sanidad balear y los ministerios de Transportes e Interior.
La Audiencia de Cuentas, en un preinforme, alertó de que dicha empresa era de las que más había facturado al SCS en el estallido de la pandemia, pese a carecer de experiencia en el sector y pese a que parte del material suministrado no se ajustaba a lo estipulado en el contrato.
El Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres se aferró entonces a que los contratos se hicieron en un momento crítico y acogiéndose al decreto que habilitaba para concursos por la vía de emergencia y sin concurrencia.
Ese preinforme de la Audiencia fue rechazado por el pleno del órgano fiscalizador. Fuentes del mismo y del Parlamento sostienen que ese rechazo fue fruto de las presiones de los partidos que integraban el Pacto de las Flores. Las alegaciones al preinforme las redactó el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.
En el auto del juez se señala que Soluciones de Gestión fue adjudicataria en el 2020 de 8 contratos para el suministro de material sanitario mediante «el procedimiento de negociado sin publicidad y con caracter de emergencia, que alcanzaron una cuantía próxima a los 54 millones de euros».
Los contratos habrían generado un beneficio de 5,5 millones de euros a Víctor Gonzalo de Aldama, uno de los investigados, y de 9,6 millones a Juan Carlos Cueto, titular del a mercantil.
Aldama contaba entonces de «cierta prevalencia» en el Ministerio de Transportes, con José Luis Ábalos al frente.
La investigación apunta que parte de ese beneficio acabó en cuentas de Koldo García y de su entorno familiar.
La empresa en cuestión fue elegida por el Servicio Canario de Salud a propuesta de Ábalos y su equipo, según se admite ya en las filas del Partido Socialista. La recomendación señalaba que era una empresa fiable que, además, no exigía un anticipo, según reconoció a este periódico Antonio Olivera, que fue director del SCS y ahora es jefe de gabinete del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
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