Caso Menas: más de 600.000 euros por alquilar un inmueble de Tafira en «deficitario estado»

Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 12 de junio 2023, 23:05

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Pagaron con dinero público un alquiler «obsceno» de 35.000 euros al mes por la renta del edificio de Tafira que albergaba el centro Acorán y que se encontraba en un «deficitario estado». Esta es la conclusión que extrae la Fiscalía Anticorrupción sobre los costes de algunos de los inmuebles que utiliza la Fundación Respuesta Social Siglo XXI para albergar los centros de menores no acompañados en Gran Canaria.

En concreto, la querella interpuesta por el fiscal en el conocido como caso Menas, refiere que esa cantidad de 35.000 mensuales hubiese dado para comprar la propiedad: «Sale más rentable», describió. En un año, nueve meses y 18 días, la ONG transfirió 605.000 euros al propietario de la vivienda situada en la carretera de Marzagán.

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En la querella interpuesta por el fiscal Javier Ródenas tras 16 meses de investigación y que fue desvelada por este periódico, pide al magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria encargado del caso que «investigue los elevados importes de alquiler» con unos precios «absolutamente fuera de mercado» de los centros de menores «sufragados con dinero público».

Estos montantes fueron satisfechos por la fundación investigada por la posible comisión de los delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos, al igual que cuatro de sus directores.

El pago de dichos importes «obscenos» ya fue alertado por la Fiscalía de Menores a la Dirección General de la Protección de la Familia y la Infancia con motivo de la inspección que realizaron en el centro Acorán –situado en Tafira– en julio de 2022. En el informe resultante detalló esta parte que el inmueble evidenciaba «falta de conservación», puertas y ventanas «rotas, unas con barrotes y otras no», con una «casa de abajo» de «aspecto mucho menos acogedor y frío», con «poca iluminación y ventilación habilitada para habitaciones».

Fuera, describieron un módulo portátil carente de «materiales adecuados para el aislamiento del frío», una instalación eléctrica «deficitaria» en la «sucesión de estancias en las que se instalaron literas», sin armarios o cualquier otro mobiliario, «teniendo los menores que guardar sus pertenencias en maletas».

En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción denuncia que se abonó a los dueños del inmueble con dinero de las arcas públicas una cantidad suficiente como para «comprar la propiedad».

El contrato entre ambas partes establecía un plazo de duración de dos años, prorrogables, y los 35.000 euros que abonaban a la propiedad estaban totalmente alejados de lo que pagaban por alquileres de inmuebles otras ONG que también se dedicaban a la misma actividad en las islas.

Describe el fiscal que esta cantidad no podía ser «comparada con otros centros situados en dicho entorno,con mucha más superficie y muchas mejores instalaciones» y que llegaban a abonar «entre 5.000 y 6.000 euros», según pudieron comprobar en las diferentes visitas de inspección que realizaron.

El dinero público abonado por Siglo XXI era «totalmente desproporcionado», suponiendo –según se describe en la querella– «un gasto no solo superfluo sino rayando lo obsceno, dado que difícilmente podrá encontrarse, no solo en dicho entorno sino en toda la isla de Gran Canaria, algún inmueble con esta renta mensual».

También destaca Anticorrupción un estudio realizado por el Grupo I de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la cuenta bancaria que tenía la mercantil donde recibía los 35.000 euros de renta mensual por el alquiler del centro Acorán. En concreto, detalla esta parte, desde el 2 de junio de 2021 al 20 de marzo de 2023, es decir, en el periodo de un año, nueve meses y 18 días, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI transfirió un total de 605.000 euros al propietario de la vivienda situada en carretera de Marzagán en concepto de alquiler.

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El primer ingreso-transferencia, de fecha 5 de julio de 2021, por valor de 35.000 euros, se repitió mensualmente hasta el 4 de mayo de 2022. Pero a partir de ese mes, continuaron las transferencias mensuales, pero por un importe inferior cuantificado en 22.000 euros.