Cae la estrategia de Urbaser para desligarse de Unión

El Tribunal Supremo (TS), en sentencia en Madrid del 21 de abril, con el magistrado Leopoldo Puente Segura en calidad de ponente, ha decidido validar la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas relativa a la denuncia de Urbaser contra trabajadores y familiares.

La medida, por ende, desmonta la estrategia de la empresa de recogida de residuos en Arrecife, con respecto a una parte notable del caso Unión.

En la decisión de la Sala de lo Penal que desestima la casación pedida por Urbaser, no se ven motivos para aceptar la versión de que el exgerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez; su esposa y dos hijos, eran parte de una supuesta red dedicada a cobros irregulares sin conocimiento de la mercantil. La empresa también denunció a otras cuatro personas. A los ocho se les acusó de una presunta estafa por 400.000 euros.

La denuncia se tramitó poco tiempo después de que la investigación de la Guardia Civil acarreara el arresto de directivos de la entidad, debiendo declarar en el Palacio de Justicia de Arrecife.

«La motivación de la sentencia absolutoria se satisface en cuanto expresa una duda sobre los hechos de la acusación, porque la consecuencia de esa duda es la no enervación del derecho a la presunción de inocencia», se dice en la sentencia resumida en once folios. Se añade que «se observa que ninguna auditoría interna se realizó por la empresa hasta ese momento», del caso Unión se supo en mayo de 2009, «con relación a las actividades de la delegación de Lanzarote».

Además, se ratifica el parecer de la Audiencia Provincial cuando se consideró que existían «dudas, razonables, respecto a que los mismos», en referencia a bienes adquiridos por Jacinto Álvarez como gerente, «se destinaran, como la acusación sostiene, a ser incorporados, directa o indirectamente, al patrimonio».

Y se añade que no se advierte «contradicción sustancial alguna entre lo afirmado en el relato de hechos probados», en vista en la isla, «y la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada».

El exgerente aceptó en 2017 un año, ocho meses y 26 días de cárcel; por cohecho, aprovechamiento de secretos, falsedad en documento público, actividades prohibidas a funcionarios y fraude. Fue en el marco de Jable, pieza de Unión por los contratos de limpieza y del pabellón de Argana.

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Fiscalía pide penas para Felipe Fernández Camero, abogado; Rafael Arrocha, técnico local; Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL); y María Isabel Déniz, exalcaldesa. Les achaca supuestos delitos de prevaricación y cohecho.