Puertos Canarios tiene previsto rechazar este miércoles la prórroga de la cementera en El Pajar

Puertos Canarios, organismo dependiente del Gobierno de Canarias, tiene previsto rechazar este miércoles la solicitud de prórroga de la concesión y del otorgamiento de un nuevo título a Ceisa para la ocupación del dominio público en el puerto industrial de Santa Águeda, en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana), en el que esta cementera lleva operando desde 1957.

La decisión se basa en un informe del director-gerente del ente, José Gilberto Moreno, del 23 de agosto de 2024, que considera que no existe vinculación entre las concesiones administrativas del puerto de Santa Águeda y de la cantera de San José, que es justo la tesis de Ceisa.

Esta empresa sostiene que su solicitud de nueva concesión para el muelle, por otros 25 años, está amparada por la que el Gobierno canario le otorgó, hasta 2046, para explotar esa cantera, y que ante una petición así no cabe discrecionalidad de la Administración «al ser reglados los requisitos y regularlo la ley como un derecho».

Lo cierto es que Puertos Canarios pretende poner este miércoles el cierre administrativo al expediente que echó a andar en marzo de 2021, cuando Ceisa solicitó la nueva concesión, pero, por contrapartida, abrirá un largo litigio judicial, dada la posición de la empresa afectada, que sostiene que la resolución es «manifiestamente injusta y contraria a derecho».

El puerto que controla Ceisa y que entiende vital para la eficiencia industrial de su producción de cemento es una infraestructura muy codiciada por el sector turístico, que reclama su reconversión en muelle deportivo en cumplimiento de lo que al respecto dispone el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Esta posición choca con la de buena parte de los vecinos de El Pajar, que defiende que se prorrogue la presencia de la industria por ser una fuente de empleo y de desarrollo para el barrio costero.

No en vano, una representación de los residentes y de la Asociación Salvar la Bahía de Santa Águeda, plataforma que se constituyó para dar voz a los vecinos en esta lucha, tiene previsto concentrarse este miércoles, en actitud de pacífica protesta, a las puertas de las oficinas del edificio de Usos Múltiples I, donde está previsto que se reúnan, a partir de las 10.00 horas, los miembros del consejo de administración de Puertos Canarios. También acudirán trabajadores de la propia cementera.

Los 31 miembros de este consejo deberán decidir su voto a partir de un informe del director-gerente de Puertos Canarios, que, en boca de Claudio Piernavieja, coordinador general de Ceisa, «va en contra de los propios actos de Puertos Canarios, es arbitrario, carece completamente de fundamento, se sustenta sobre una premisa fáctica incorrecta y, además de todo eso, ha sido emitido en unas circunstancias gravemente irregulares».

Esta advertencia la hizo Piernavieja en una carta remitida a los 31 miembros del consejo, de cuatro folios, en la que les relata la cronología de los hechos y les detalla las «circunstancias procedimentales irregulares» que contiene el expediente y que deberían de tener en cuenta antes de emitir su voto esta mañana.

Entre otras, Piernavieja les recuerda que las dos partes, Ceisa y Puertos Canarios, están a las puertas del dictado de una sentencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria que habrá de decidir respecto a un contencioso interpuesto en 2022 por Ceisa. La empresa emprendió acciones judiciales al transcurrir los 6 meses que otorga la ley para que Puertos Canarios se pronunciase sobre su solicitud de nueva concesión.

En su carta, Piernavieja alerta de que el informe del director gerente es el «único desfavorable al otorgamiento» que existe en el expediente y que «contraviene 10 informes previos», varios de los cuales «analizan, afirman y justifican expresamente la vinculación entre la concesión minera y la portuaria».

Advierte a los consejeros de que la posición de Puertos da un giro radical en abril de 2023, cuando la tramitación estaba «prácticamente terminada» y cuando «ya existía un informe favorable» del gerente anterior, solo pendiente de firma. Y denuncia una «irregularidad procedimental grave»: el informe se gestó a pesar de que la tramitación estaba supuestamente suspendida cautelarmente hasta tanto no se resolviera el contencioso judicial pendiente.

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