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El gobierno local de San Bartolomé de Tirajana asumirá y respetará la decisión que el Gobierno de Canarias adopte, dentro de la legalidad vigente, sobre el uso que establezca para el muelle de El Pajar. O dicho de otra manera, asumirá la salida de la cementera Ceisa del puerto de Santa Águeda, que es probablemente la decisión que adopte Puertos Canarios tras la emisión de un último dictamen que informa desfavorable la concesión de la prórroga que pedía la empresa.
Aunque desde el ejecutivo que forman PP-AV y CC se deja claro que desconocen el fondo del acuerdo adoptado este martes por el consejo de administración de Puertos Canarios, sí advierte, en un escueto comunicado remitido a los medios, que «es evidente que la concesión está vencida» y que justo por eso el Gobierno de Canarias en la legislatura anterior no adoptó acuerdo alguno sobre la prórroga de la concesión.
Además, añaden en el escrito que ha de tenerse en cuenta que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), aprobado en diciembre de 2022 por el Cabildo, estableció que ese puerto ha de ser de uso turístico-deportivo.
En todo caso, una vez adoptada una decisión, sí abogan también por que se llegue a un consenso con la empresa para procurar un acuerdo «siempre en defensa de los trabajadores y de esta industria tan importante», una posición que deja atrás aquel acuerdo plenario unánime adoptado en 2021 por el que San Bartolomé pedía que Ceisa siguiera haciendo uso del muelle.
En cambio, NC sí mantiene su apoyo a la continuidad del uso industrial del puerto, tal y como, añade, está establecido en la Ley de Puertos Canarios de uso comercial-industrial y en el artículo 66.3 de la Ley de Costas, que son los artículos a los que se agarra Ceisa.
Para NC, la decisión del Gobierno canario de negar la prórroga a Ceisa para seguir en el muelle «no responde al interés general de los vecinos de El Pajar, sino a al interés individual de unos pocos». A su juicio, «llama la atención que el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, a pesar de manifestar que mientras el expediente estuviese judicializado no se resolvería la solicitud de prórroga, de buenas a primeras quiera resolver el expediente antes del verano con un informe que genera serias 'dudas' por su procedencia».
NC exige al grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana que dé repuesta a los vecinos y colectivos sociales de El Pajar y que «manifieste de forma clara y sin engaños su propuesta a la empresa y trabajadores de la fábrica».
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