Mogán denuncia que el muelle de Puerto Rico es un peligro para quien lo transite

El Ayuntamiento de Mogán ha denunciado ante Puertos Canarios, organismo que depende del Gobierno de Canarias, que el muelle deportivo de Puerto Rico encadena tal número de deficiencias que incumple la normativa vigente y lo convierten no solo en un «peligro» para «la integridad del medio ambiente», sino también en un riesgo «constante para toda persona que transite por él».

El escrito, que encabeza la propia alcaldesa, Onalia Bueno, insta a Puertos Canarios a que, como consecuencia de los hechos denunciados, deniegue la eventual prórroga de la concesión que ha solicitado la actual gestora de las instalaciones, Puerto Rico SA. Esta entidad, al frente de este puerto desde 1972, ha solicitado una prórroga de otros 25 años más. La que tenía en vigor caducó hace casi 3 años, en mayo de 2022.

El consistorio moganero detalla hasta ocho incumplimientos de la normativa y, en ese sentido, entiende que no ha lugar a la concesión de ninguna prórroga a Puerto Rico SA y aboga, de hecho, por que la gestión se le adjudique al Ayuntamiento de forma directa. No en vano, le recuerda que ya se lo ha solicitado por escrito.

Entre las deficiencias detectadas por Mogán figura el «claramente deficiente» caudal de agua dulce de las tomas de agua de los pantalanes. Los técnicos municipales usaron medidores de la velocidad de flujo en el agua y hallaron en dos tomas que era «notablemente inferior a 20 litros por minuto». También advierten de que el ancho de las pasarelas, de entre 1,80 a 1,85 metros, incumple la normativa vigente, que dice que la anchura mínima es de 2 metros para pasarelas con longitud menor de 100 metros.

Otro incumplimiento, según el Ayuntamiento, tiene que ver con los accesos a puestos de atraque. La legislación establece que no podrá haber ningún acceso que no sea por rampa, pero los hay al menos en los pantalanes 4 y 7 que se hacen por medio de escaleras.

Este listado de deficiencias incluye la «inexistencia de canalizaciones» o su mal estado o la obligatoriedad, no cumplida, de instalar hidrantes. El informe recuerda que los aparcamientos están considerados un área de incendio a los efectos de aplicación del reglamento de seguridad y que uno de los que prestan servicio a este muelle tiene el hidrante más cercano a más de los 40 metros que fija la ley como máximo.

Tampoco se adecúa a los preceptos legales en vigor el estado de las escaleras de uso general, dado que, entre otras cosas, carecen de pasamanos. Y el pavimento por el que circulan los usuarios no reúne las condiciones exigidas porque no es estable, presenta piezas o elementos sueltos y tiene resaltes superiores a los 4 milímetros.

Y por último, el escrito se queja de la falta de señalética que advierta a los usuarios, por ejemplo, respecto a los riesgos de su tránsito bajo varias plataformas de acceso a embarcaciones de recreo que están suspendidas en el aire y que podría aplastarles.

Mogán quiere que este informe sea tenido en cuenta a la hora de valorar si ha de prorrogarse o no la concesión de Puerto Rico SA, entidad que, por cierto, pese a una reciente sentencia que le niega ese derecho, se agarra a un cambio de legislación posterior al fallo que le abre la puerta a seguir.

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