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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha remitido un nuevo disco compacto al magistrado que instruye el caso Valka tras encontrarse con el dispositivo de almacenamiento en un lugar inesperado: el ordenador de una trabajadora social.
Los hechos se produjeron el viernes 7 de febrero pasado. A mediodía, y de manera accidental, una empleada municipal adscrita al servicio de Intervención Social, dentro de la sección de Servicios Sociales Comunitarios del distrito Centro, se percató de que dentro de la disquetera de su ordenador había un disco compacto que no le pertenecía.
El ordenador en el que estaba insertado el disco compacto le fue asignado a esta trabajadora desde el año 2022, esto es, desde hace tres años.
Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, al percatarse de que no era un disco compacto suyo, la trabajadora pública avisó a sus compañeros de trabajo, quienes pudieron comprobar que el contenido del disco compacto estaba relacionado con el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Esto hizo que la trabajadora pusiera en conocimiento de la coordinadora del centro estos hechos. Al enterarse, la coordinadora trasladó el caso a sus superiores jerárquicos porque entendió que los archivos podrían estar relacionados con el caso Valka, una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria que trata de averiguar si en el Ayuntamiento palmense funcionó una supuesta trama corrupta desde el área de Urbanismo y la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), por un lado; y desde el servicio de Parques y Jardines, por el otro.
Desde la Dirección General de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se tomó entonces la decisión de entregar el disco compacto a la autoridad judicial.
Fuentes del Consistorio capitalino confirmaron estos hechos y se aseguró que se desconoce el contenido del disco compacto. Aunque no hay una explicación de cómo pudo llegar el disco compacto al ordenador de una trabajadora social del distrito Centro, se especula con la posibilidad de que el equipo informático hubiera estado a disposición del servicio urbanístico y luego pasar al distrito ya que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se suelen reutilizar los dispositivos.
El magistrado del juzgado de Instrucción 2, Rafael Passaro, ya ha dado orden de que se investigue el contenido del disco compacto por si pudiera aportar algo a la investigación impulsada por el delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, en el marco del caso Valka. «Dése traslado a los agentes del Seprona copia del CD aportado por el Ayuntamiento de esta ciudad al objeto de que se indique si el mismo tiene relación con la presente causa», ordena el magistrado en una providencia, «realizado, se acordará sobre el traslado del mismo a las partes».
En esa providencia, el juez también autoriza a los efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas al «acceso, visionado y análisis de cuantas comunicaciones privadas se localicen para identificare aquéllas que pudieran estar relacionadas con los hechos investigados» en el caso Valka.
La orden de inspección del disco compacto está incluida en la resolución en la que se determina la necesidad de responder a la Fiscalía Europea sobre la posible afección de fondos comunitarios en la investigación.
El caso Valka investiga la actuación de Luis Pérez, jefe del departamento jurídico de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa); el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; la exgerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón; y el empresario Felipe Guerra.
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