Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajadores de Limpieza creen que el Ayuntamiento busca camuflar su «incapacidad» creando una empresa pública

El pleno de Las Palmas de Gran Canaria atiende este viernes la propuesta del grupo de gobierno de elaborar un informe para la «determinación de la forma de gestión más eficiente y sostenible» del servicio municipal de Limpieza, un hecho que dispara la alarma entre sus trabajadores, que creen que esta revisión de modelo propone la motivación de convertir el departamento en una empresa público en la forma que ya tienen la Sociedad de Promoción. Sagulpa o Geursa.

La sección sindical del área de Recogida de Residuos estima que este movimiento es «ilegal» y que esconde la necesidad de resolver la «incapacidad de gestión de los responsables municipales» dejando la organización en manos de esa hipotética empresa.

El documento que irá a pleno este viernes explica que el actual marco que regula el servicio de Limpieza se sostiene sobre su aprobación en el pleno de mayo 1985, por lo que se considera que la fórmula ha quedado obsoleta en resonancia a las necesidades actuales de la ciudad.

En ese contexto propone que se revise la actual fórmula jurídica para «ampliar y reforzar la capacidad del Ayuntamiento para mejorar la higiene urbana en toda la ciudad, haciendo de ella, no solo una ciudad más limpia, sino una mejor cuidada».

Para ello se ponen sobre la mesa cuatro opciones: la gestión por la propia entidad local, un organismo autónomo local, una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil local, cuyo capital local sea de titularidad pública. Con estas propuestas se pone sobre la vía la discusión del posible modelo tras la elaboración de un expediente con su correspondiente memoria.

La sección sindical se encontró este jueves con concejales de la oposición para afrontar sus preocupaciones. Los ediles del Partido Popular Jimena Delgado e Ignacio Guerra, junto a David Suárez, de Coalición Canaria, atendieron las explicaciones de la representación laboral antes de discutir este asunto en el pleno ordinario que este viernes acogen las Casas Consistoriales.

Entre otras cuestiones, los trabajadores temen que un posible cambio en su relación laboral con el Ayuntamiento. «Nosotros somos trabajadores públicos, hicimos un proceso selectivo y de oposición para llegar a estos puestos. Y no queremos que puedan cambiarnos a una empresa. Estamos en nuestro derecho», manifestaron en el encuentro.

No obstante, si algo quisieron dejar claro es que consideran que la posibilidad de mutar la fórmula jurídica del servicio es una opción contraria a al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en los que aseguran que sus competencias quedan circunscritas a un artículo que asegura que «serán atendidos necesariamente por gestión directa sin órgano especial los servicios que impliquen ejercicio de autoridad».

Rafael Rodríguez, presidente del comité de empresa, añade que este proceso está siendo llevado de una forma casi secreta por parte del gobierno local. «Denunciamos la falta de transparencia por parte del Ayuntamiento. Este miércoles nos llegó una convocatoria para una reunión con menos de 12 horas de antelación, para darnos una información muy relevante para el servicio. Todo se hace tarde y mal y sin documentación», expone.

Mientras esto se resuelve, con un servicio que solo está cubierto en el 40% de su capacidad de plantilla, la situación se sigue enquistado. «El servicio es un desastre. Es totalmente desorganizado. Por eso decimos que el departamento de personal de Limpieza está en la Ciudad de la Justicia. Estamos todo el día en el juzgado. La única forma que encontramos para resolver los problemas es a través de demandas. Y la realidad es que se ganan absolutamente todas», concluye.

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