Las subvenciones suben 1,5 millones pero congelan la aportación al Banco de Alimentos y a Cáritas

El Ayuntamiento sacó adelante ayer su plan de subvenciones, un documento que emana de los presupuestos municipales, y que prevé el uso de 32,3 millones de euros en diferentes líneas de actuación de veinte centros gestores. El documento, que registra un aumento de 1,5 millones respecto a 2020 (+5%), no fue apoyado por los grupos de la oposición, que acusaron al gobierno municipal de impulsar un programa subvencionador continuista y alejado de la realidad.

La principal queja de la oposición es que las líneas de ayudas no contemplen las necesidades de la población en un momento de máxima vulnerabilidad, como es la crisis socioeconómica que ha venido de la mano de la pandemia mundial del covid-19.

Como ejemplo de ello citaron las partidas que se destinan al Banco de Alimentos (20.000 euros) o Cáritas (671.879,34 euros), que se mantienen invariables respecto al año 2020 pese al incremento de personas atendidas por esto dos entes desde el estallido de la pandemia. En el caso del Banco de Alimentos se ha registrado un aumento del 40% de las peticiones de comida, mientras que Cáritas ha tenido que atender a un 72% más de usuarios.

También se congelaron respecto al periodo prepandémico las aportaciones a la Obra Social de Acogida y Desarrollo (242.090,28 euros), Afaes (110.846,13 euros) y la Casa de Galicia (6.000). Esta última, por citar otro ejemplo, ha visto cómo en la última campaña benéfica de Navidad, el número de beneficiarios creció un 50%.

Sí suben, en cambio, las aportaciones a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (+50%) hasta alcanzar los 60.000 euros; a Cruz Roja (+35%), para llegar a 192.709 euros en el programa de comida sobre ruedas y atención a las personas sin hogar; y a la fundación Adsis (+12%) para traspasarle 472.128 euros.

La concejala del PP María Amador acusó al tripartito de «vivir al margen del sufrimiento» de muchos ciudadanos, en especial de los 48.000 parados y los 27.000 trabajadores sujetos a ERTE, pero también los beneficiarios de la asistencia que ofrecen las ONG y que son derivados por el propio Ayuntamiento. Esta situación se ve agravada, según la edila del Partido Popular, por el hecho de que «el Ayuntamiento tarda tres meses en atender a los usuarios de los servicios sociales municipales».

«La pandemia les vale para todo menos para ponerse en el papel de los autónomos, las pymes y las terrazas», añadió la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, quien también criticó el recorte que se aplica a la propuesta inicial de 'Housing First' (La casa, primero), un programa de alquiler de viviendas unipersonales para que personas sin hogar inicien desde ellas su proceso de reinserción social.

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Francis Candil, insistió en la idea de que «el plan de subvenciones permanece al margen de la realidad» ya que ni favorece la creación de empleo en una ciudad tan castigada por el paro, ni mejora de manera notable las partidas dirigidas a las entidades sociales que se encargan de la atención a las personas más vulnerables por la crisis. «Es un documento insensible al paro, al cierre de negocios y la pérdida de actividad económica».

Como una «oportunidad perdida» interpretó la concejala no adscrita Carmen Guerra la asignación de los fondos. «Era el momento de liberar las subvenciones y de ayudar a los sectores de población que están pasando las mayores dificultades», lamentó.

Por su parte, la edila no adscrita Beatriz Correas aseguró que «mi conciencia social no me permite votar a favor del plan de subvenciones» ya que «carece de ayudas directas a los pequeños comerciantes y autónomos».

El gobierno pasó de puntillas y no respondió a ninguna crítica en un pleno en el que tampoco quiso contestar las denuncias sobre el informe de fiscalización de la cuenta general de 2018 porque «se las trae al pairo», como dijo el concejal del PP Víctor Moreno; ni a la petición hecha por el PP de que la renuncia al aumento del 0,9% de subida salarial se extendiera a cargos directivos y directores generales. Esta solicitud fue cursada por Ángel Sabroso en el punto del orden del día que se llevó para suspender la cláusula de actualización de las retribuciones. El grupo de gobierno se ha visto obligado a modificar así el presupuesto que se aprobó el mes pasado, ya que cuando se elaboró, no se contempló la renuncia a ese 0,9%.

«Quieren pasar de puntillas pero tuvieron que recular», expuso Cáceres en relación al hecho de que el tripartito no consideró la petición de renuncia que le había hecho la oposición hasta que Podemos anunciara que lo iba a hacer de forma unilateral y sin contar con sus socios.

«Esto era evitable», añadió Sabroso, «lo han hecho porque Podemos se adelantó». El edil insistió en que la renuncia de los cargos directivos y el personal de confianza no se había incluido.

Al respecto, el edil de Personal, Mario Regidor, explicó que la renuncia de los puestos que no son cargos políticos debe hacerse a nivel individual.