El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que abordar en un pleno la propuesta del PP para revisar las contrataciones que están siendo investigadas por la Justicia en el marco del caso Valka, que trata de aclarar si en el seno del Ayuntamiento operó una supuesta trama corrupta desde las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines. Una sentencia judicial obliga a admitir la petición del Partido Popular que fue desechada por el tripartito el 6 de septiembre pasado.
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la resolución de la alcaldesa, Carolina Daria, por la que se denegó la solicitud de celebrar un pleno extraordinario por el caso Valka. La sentencia, contra la que cabe la interposición de un recurso, considera probado que la negativa del grupo de gobierno vulneró un derecho fundamental, el de la participación en los asuntos públicos.
La portavoz del grupo municipal del PP, Jimena Delgado-Taramona, ha dado a conocer este lunes la setencia que les da la razón en el recurso presentado por los populares contra la denegación dictada por Darias en su resolución.
«No vemos obstáculo alguno a que se incluya en el orden del día y se someta a votación que el Ayuntamiento inste o solicite a un tercero hacer algo (siendo que no se pedía, recordemos, si bien parece confundirse, que sea el Consistorio el que aparte de sus funciones a la actual gerente y a todas las personas investigadas o imputadas en la mencionada investigación judicial, ni que revise todos los expedientes de despido de empleados durante el último año), sino que inste a Geursa a realizar estos menesteres», dicta el juez, quien condena en costas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El caso Valka deberá celebrarse, por tanto, en la próxima convocatoria plenaria, aunque el PP no tiene claro si esto implica su inclusión en el orden del día del pleno extraordinario de presupuestos, previsto para el día 26 de febrero; o en el ordinario del 28.
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Instar al presidente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa)apartar de sus funciones a la actual gerente y a todas las personas investigadas o imputadas en la mencionada investigación judicial.
Iniciar de forma inmediata una revisión de oficio de todos los expedientes administrativos que se encuentran bajo investigación judicial.
Designar un grupo de funcionarios con conocimientos en materia jurídica, económica y de contratación pública, para llevar a cabo la revisión mencionada
Elevar al Pleno de la corporación el informe final que resulte de la revisión encomendada.
Solicitar a la Intervención General del Ayuntamiento la comprobación de los mecanismos de fiscalización y control que se han aplicado en los encargos de trabajo y encomiendas de gestión a las sociedades municipales, especialmente a Geursa y la Sociedad de Promoción.
Realizar, desde las áreas de Contratación y Parques y Jardines, una revisión exhaustiva de todas las contrataciones, pagos, certificaciones de trabajos realizados e inventarios de bienes u obras realizadas con intervención de las empresas investigadas.
Estudiar la contratación de una auditoría externa para revisar los procedimientos internosde las dos sociedades municipales que están siendo investigadas
Elaborar un informe sobre las funciones de auditoría de las empresas municpales asignadas a la Intervención General que no se están cumpliendo actualmente.
Instar a Geursa a que revise todos los expedientes de despido de empleados durante el último año
Delgado-Taramona indicó que «desde que estalló el caso Valka, le pedimos a Carolina Darias que esclareciese desde el ámbito político, no judicial, lo que estaba sucediendo, y que tomase medidas preventivas, creíamos que era algo muy importante porque había que apartar a la gerente de una persona que estaba siendo investigada, nosotros no entendíamos cómo la gerente podía seguir convocando consejos de administración, cómo podía seguir siendo apoderada, cómo podía seguir controlando el dinero de la empresa cuando, digo, estaba siendo investigada».
La gerente fue finalmente cesada en octubre, no así otros investigados que son integrantes del órgano de cumplimiento normativo, instrumento encargado de impulsar la investigación interna de la sociedad exigida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a raíz de los registros judiciales del caso Valka.
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Aunque en la petición no se especiicaba este asunto, la portavoz del PP considera que «en el desarrollo del pleno podremos de este tema porque consideramos inadmisible que sigan ocupando esos cargos personas que están siendo investigadas».
La concejala del Partido Popular considera «arbitrario» el rechazo de la alcaldesa a su petición y lo atribuye al intento de Darias de «amordazar a la oposición, no solo en este caso, sino también con el nuevo reglamento que ha quitado a las comisiones plenarias el valor de fiscalización», algo que señaló como una «deriva muy peligrosa».
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Jimena Delgado-Taramona asegura que «hay un descontrol absoluto de las empresas públicas fruto de los años de gobierno socialista», algo que vinculó a las investigaciones en marcha en el seno de la Fiscalía sobre Geursa y Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
La primera, que responde a las diligencias del caso Valka, se inició por una denuncia vecinal; y la segunda partió de tres denuncias del propio PP.
La edila insistió en que el pleno extraordinario delcaso Valka no podía interpretarse como un juicio paralelo. «No era un juicio, es un análisis desde lo político», apostilló.
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El caso Valka ya tuvo una comparecencia de la alcaldesa en un pleno y fue debatido también en el seno del consejo de administración de Geursa, donde están representados todos los concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque su celebración no tiene carácter público.
El caso Valka investiga la actuación de Luis Pérez, jefe del departamento jurídico de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa); el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; la exgerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón; y el empresario Felipe Guerra.
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El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro ha acordado dividir el caso Valka en cuatro piezas separadas, tal y como solicitó el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas.
Estas cuatro líneas de investigación son las referidas a las operaciones urbanísticas que permitieron el desarrollo de Tamaraceite Sur; el supuesto acceso de Setién a los archivos municipales a través de un ordenador instalado en el despacho de Más; las contrataciones de una empresa de la que formaban parte Guerra y Padrón; y el entramado de empresas de Setién.
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