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Francisco José Fajardo y Javier Darriba
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 16 de noviembre 2024, 01:00
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El auto del magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro Cabrera, que motivó el cese de la gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), Marina Más Clemente, reclama una profusa documentación sobre contratos y denuncias o quejas en el seno de la empresa municipal en relación con el caso Valka. Además, demanda información sobre las actuaciones del órgano de cumplimiento normativo en relación con un posible delito de revelación de secretos, por las supuestas conexiones facilitadas al excoordinador de Urbanismo, José Setién, a los archivos municipales con la clave de Marina Más; y también solicita la respuesta del dicho órgano en la «prevención e la comisión en el seno de la persona jurídica de un delito de cohecho y de tráfico de influencias».
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió este viernes, a la luz de dicho auto, acordar el cese de la gerente de Geursa, que permanece como investigada en el caso Valka, unas diligencias previas que tratan de esclarecer si en el corazón de las áreas de Urbanismo y de Parques y Jardines del Consistorio capitalino operó una supuesta trama de corrupción que favoreció el interés de algunos empresarios.
Tras recibir el auto, que fue emitido el pasado 8 de noviembre, Geursa, que también está investigada como empresa, decidió est viernes apartar a Marina Más de la gerencia para evitar interferencias.
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La orden del magistrado responde a una petición realizada por el fiscal contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Javier Ródenas. Así, el auto judicial se articula en torno a tres apartados: en primer lugar, el referido a las escuchas aportadas por los testigos; en segundo lugar, la investigación de responsabilidades dentro de Geursa respecto a las denuncias de sus trabajadores; y, por último, la reclamación de toda la información relativa a cinco obras.
El primero de ellos hace referencia al cotejo de las transcripciones de los audios aportados por tres testigos, que volverán a ser llamados a declarar. Esta parte de la investigación es la que hace referencia tanto a las supuestas presiones efectuadas sobre los técnicos para que aprobaran modificados de obra innecesarios o que firmaran las actas de finalización de obras a pesar de estar inacabadas o con unidades de obras defectuosas. Aquí también se incluye la conexión remota al segundo ordenador de Marina Más que abría las puertas de los archivos, supuestamente, a José Manuel Setién.
La segunda disposición reclama la información relativa a las funciones de Marina Más y del excoordinador de Urbanismo, los contratos de Geursa con Felipe Guerra y todos los datos relativos al órgano de control interno (cumplimiento normativo) con referencia a las denuncias tramitadas desde 2014 hasta la actualidad. «Se aportarán las medidas dispuestas para evitar el trato privilegiado, conflicto de interés, favoritismo, licitación colusoria, enriquecimiento personal en ejercicio de la función desarrollada, particularmente la documentación que se disponga en relación a qué tipo de riesgos se identificaron como consecuencia de la celebración de subastas, contratos, adjudicación de obra, por parte de los órganos de Contratación y gerencia de Geursa», determina el juez en su auto. Además, indica que se «aportará la documentación que se disponga sobre la existencia o no de un canal de denuncias internas en el que los trabajadores de Geursa pudieran alertar de situaciones relacionadas con estas prácticas, anteriormente descritas».
En septiembre de este año, el consejo de Administración de Geursa conoció que el modelo de prevención de riesgos penales fue implementado por Geursa en 2022 con el fin de detectar posibles infracciones o ilícitos y que en un año se han instruido cinco expedientes, que guardan relación con el objeto de la investigación del Valka. Para ello, se tomó testimonio a 51 trabajadores y, según la información que aportó entonces la oficial de cumplimiento normativo, Isora Roca, su versión difería de la ofrecida por los testigos del caso Valka.
En tercer lugar, el auto libra un oficio a Geursa para que aporte los expedientes de los cinco proyectos que conforman la columna vertebral del caso Valka: la mejora de la accesibilidad al Confital, la conexión peatonal de La Galera al intercambiador de Tamaraceite, la repavimentación del Lasso, la mejora de la accesibilidad en El Lasso y la implantación de la MetroGuagua en el tramo 8 (Eduardo Benot-Juan Rejón).
De ellos se pide toda la información relativa a la contratación, así como los pagos efectuados y las propuestas de los licitadores que no resultaron adjudicatarios de los concursos.
Este auto ha cambiado el paso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hasta ahora se resistía a tomar medidas contra los investigados por respeto a la presunción de inocencia de todos ellos. Solo en el caso del exdirector de Parques, Miguel Ángel Padrón, se ha abierto expediente para ver si se incumplió el régimen de incompatibilidad que tiene como funcionario al coincidir con su papel al frente de una empresa junto a Felipe Guerra.
Tras el cese de Marina Más, el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, asumirá las funciones y competencias de la gerencia de manera provisional, si bien es probable que esta situación se prolongue en el tiempo ya que no está previsto que se cubra la plaza hasta que se aclare el caso Valka.
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, afirmó ayer que mantener en su cargo a la máxima responsable de la sociedad mercantil tras haber trascendido su posible implicación en el denominado 'caso Valka' «ha generado un daño irreparable a la sociedad».
El Partido Popular entiende que el cese de la gerente de Geursa «llega tarde» porque el perjuicio al prestigio de la empresa «ya está hecho», motivo por el que «debió ser apartada desde el 27 de agosto pasado», lo que la portavoz del PP ha reiterado en numerosas ocasiones desde entonces. Tanto en la comparecencia solicitada sobre el 'Caso Valka' a la alcaldesa, Carolina Darias, en el Pleno del pasado 27 de septiembre, como en sucesivas comisiones de pleno.
«El grupo de gobierno mantiene ahora que las estrategias de la sociedad pública y de la ex gerente chocan y que por eso se le cesa. Pero deberá aclarar por qué hasta ahora se agarraba a la presunción de inocencia para mantenerla en su cargo, cuando tras las informaciones reveladas por los medios de comunicación sobre su participación en la supuesta trama de corrupción urbanística su posición era insostenible. ¿Por qué antes había que mantenerla y ahora no? ¿Qué ha cambiado?», se pregunta Delgado-Taramona.
«Es evidente», defienden los populares en una nota de prensa, «que la presunción de inocencia no era el argumento real» para sostenerla en su puesto a pesar de que su presunto comportamiento ha conllevado la imputación de Geursa como persona jurídica, al igual que las acciones de otro trabajador investigado. Sin embargo, «no hay todavía cese ni se ha apartado a este otro trabajador que presuntamente colaboró en la compra de un móvil para el acceso remoto del antiguo Jefe de Urbanismo».
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