Caso COAG

El secretario de la COAG se acoge a su derecho a no declarar ante la Fiscalía

El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas en Canarias (COAG), Manuel Redondo, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar al ser citado por la Fiscalía de Extranjería en relación a la investigación abierta por la presunta contratación de menores inmigrantes por su presidente, Rafael Hernández, en su finca.

En esta jornada han acudido también ante la fiscal de Extranjería, Teseida García, el yerno del presidente de la COAG, encargado de la finca donde supuestamente trabajaban de forma irregular los menores inmigrantes, que, a su vez, estaban acogidos en un centro dependiente de la ONG Oportunidades de Vida, 'Tagoror', que dirige su mujer.

El yerno tampoco ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía, ni la trabajadora de Oportunidades de Vida que también ha sido llamada a declarar y que se ha acogido igualmente a su derecho para no hacerlo.

El secretario ejecutivo de la COAG, el yerno de Hernández y la trabajadora de Oportunidades de Vida se han presentado ante la Fiscalía acompañados de sus abogados, si bien han declinado hacer declaraciones a los periodistas, tanto a la entrada como a la salida de los juzgados.

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El presidente de la COAG y su hija comparecieron ante la Fiscalía y mantuvieron la misma posición de guardar silencio el pasado lunes, cuando declararon como testigos un exempleado de Oportunidades de Vida, J.C.G.S., y su mujer, ingeniera agrónoma que fue contratada como docente por la COAG, que ese año organizó cursos de formación agraria destinados a menores inmigrantes.

La Policía y la Inspección de Trabajo se personaron el pasado 20 de junio de 2023 en la finca del presidente de la COAG, donde hallaron a diez menores trabajando, lo que ha concluido en un expediente sancionador que se ha suspendido cautelarmente con motivo de la investigación penal contra Hernández, pero que acredita los hechos, según el citado testigo.

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Este testigo indicó a los periodistas que la Fiscalía dispone de pruebas documentales y de grabaciones de conversaciones con Hernández y el secretario ejecutivo de la COAG en las que ambos reconocen los hechos que se investigan, un presunto delito de trata con fines de explotación laboral.